Calcula un déficit de 2.350 millones en la gestión de sus residuos radiactivosEl Tribunal de Cuentas reclama revisar las tasas que gravan las centrales nucleares para financiar su desmantelamiento y la gestión de los residuos radiactivos, porque son insuficientes para cubrir los costes previstos: Enresa estimaba un déficit de unos 2.350 millones de euros a cierre del año pasado.La gestión de los residuos radiactivos de las centrales nucleares se cubren con aportes del recibo de la luz y gravando la producción eléctrica de las instalaciones. Por un lado, se recauda el 0,001 por ciento de los peajes de la tarifa eléctrica y, por otro, se aplica una tasa –conocida como Tasa Enresa en el sector– de 6,69 euros por MWh.Lo recaudado con ambas tasas se ingresa en un Fondo específico de Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de todos los residuos radiactivos, incluyendo también los de baja y media actividad procedentes de actividades médicas o de otro tipo.En el año 2015, el Tribunal de Cuentas emitió un informe en el que alertaba de que los ingresos generados por estas tasas eran insuficientes para cubrir los costes previstos y estimaba un déficit de unos 1.500 millones. En dicho informe, recomendaba revisar anualmente las dos tasas para poder modularlas y cubrir todas las futuras necesidades futuras de financiación.El Tribunal acaba de emitir otro informe en el que constata que dicha recomendación no se ha cumplido y cifra el déficit en 2.354 millones de euros. Según Enresa, considerando 40 años de vida útil de las centrales, el coste de gestionar sus residuos hasta el año 2089 ascenderá a 10.697 millones. A 31 de diciembre de 2018, el Fondo había recaudado 5.678 millones, quedando pendientes de financiar, por lo tanto, 5.019 millones. Y de acuerdo con el actual nivel de las tasas, el Tribunal estima que el déficit procedente de la tasa de la tarifa eléctrica será de 435 millones y el de la Tasa Enresa de 1.919 millones.El Tribunal apunta que en marzo, después de haber hecho estos cálculos, las eléctricas firmaron un protocolo de intenciones con Enresa para extender la vida útil de las centrales desde los 40 años hasta una media de 45,7 años, lo que permitirá reducir el déficit existente, pero insiste en que su recomendación de modular las tasas anualmente no se ha cumplido.El informe incluye una alegación del presidente de Enresa, José Luis Navarro, que defiende que la sociedad no puede cumplir con la recomendación, porque carece de capacidad legal, al depender de la regulación fijada por el Gobierno.