Protagonistas del puerto de la ciudad detallan el control que sigue ejerciendo en los muelles el colectivoFrancisco Lorente es una de las voces más autorizadas para hablar de la estiba en el Puerto de Valencia. Y no solo por ser el presidente en España de la multinacional MSC, adjudicataria de una de las terminales de contenedores de la ciudad y aspirante a desarrollar la ampliación norte del recinto. Lo es también por su condición de estibador en tiempos pretéritos, "cuando la mercancía viajaba en sacos que se cargaban al hombro". El empresario accedió a participar en el documental elaborado por la televisión pública valenciana À Punt -en colaboración con elEconomista- para ofrecer su diagnóstico sobre la realidad laboral en los muelles valencianos: "Hay dos sucesiones en España: la monárquica y la del colectivo portuario", sentenció el empresario al respecto.Pronunció estas palabras en un cara a cara con Óscar Martínez, el líder en Valencia de Coordinadora, el sindicato mayoritario de los estibadores, y fue especialmente incisivo para referirse al monopolio laboral del colectivo. "¿Suma tener un familiar en la estiba para entrar a trabajar?", se les preguntaba. "En un principio, no", vacilaba Martínez, a lo que Lorente le replicaba con sorna: "En un principio, no; pero en un final, sí".Con tal naturalidad reconocía el empresario la persistencia de las injerencias en el mercado laboral de la estiba por las que fue condenado el Reino de España hace ya cuatro años y medio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto, el dictamen del TJUE de diciembre de 2014 se focalizó en dos cuestiones por entender que vulneraban la libre competencia: por un lado, la obligación de las empresas de formar parte del accionariado de las sociedades de estiba para operar en los puertos; y, por otro, la de contratar exclusivamente a los estibadores integrados en las mismas (Sevasa en el caso de Valencia) para las labores de carga y descarga de buques. De ahí el calificativo de monopolio -un monopolio laboral en este caso- al tratarse de empleados que carecen de competencia en su trabajo.Pasado casi un lustro cabe preguntarse en qué medida se ha corregido este escenario, qué efecto tuvo el decreto aprobado por el PP en 2017 para aplicar el dictamen -tras dos años de inacción- y cuál tendrá el del PSOE que vio la luz este año. Y la respuesta es ninguno a juzgar por las palabras de Lorente, que en 2019 aún califica de "sueño" la aspiración de contratar a sus propios estibadores. "Mi sueño sería que los portuarios que yo necesito en mi empresa los tuviera dentro de mi empresa estibadora para poder desarrollar el trabajo de una manera absolutamente funcional", elucubraba frente a la realidad a la que le devolvía el sindicalista, ahora él con guasa: "Yo ya sé cuáles son los sueños eróticos de Paco. Pero no, no lo veo viable".Óscar Martínez, frente a la acusación de que los estibadores colocan en la empresa a sus familiares, se defendía con un cálculo matemático: "Nosotros teníamos una plantilla con 400 estibadores en el año 2000, y ahora mismo tenemos 1.500 fijos y unos 350 eventuales. Haz números tú mismo. Podemos tener muchos hijos, pero no damos para tanto", argumentaba el líder sindical, que defendía que "en la estiba puede trabajar cualquier persona que esté formada, que tenga unos requisitos formativos".Accionistas voluntarios¿Y qué hay del fallo contra la imposición a las terminales de permanecer en el accionariado de la em-presa estibadora? En este caso el escenario de siempre se mantiene mediante una salvaguarda: lo que antes era obligatorio ahora es voluntario, sin que nada cambie, tal y como consta en el acuerdo de competitividad entre empresas y sindicatos firmado en 2018, por el que las empresas lograron mejoras productivas a cambio de seguir en el accionariado y contratar a los mismos estibadores. Sobre este escenario también se pronuncian en el reportaje completo los presidentes de la patronal y del Puerto de Valencia, así como un estibador díscolo y un aspirante apartado.