La decisión se enmarca en las políticas de austeridad del Gobierno de López ObradorNoé Cruz Serrano méxico. Petróleos Mexicanos (Pemex) rematará 370 vehículos de diferentes modelos, entre ellos algunos que les fueron retirados a los funcionarios de la empresa como parte de las políticas de austeridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El objetivo es monetizar activos improductivos e insertarlos para su venta en el Programa Anual 2019 de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles de Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias.El esquema también contempla el retiro de los automóviles que la empresa rentaba para gerentes, directores, subdirectores y administradores de activos de las diversas regiones petroleras, por los cuales cubría un arrendamiento anual superior a 2.200 millones de pesos (103,5 millones de euros al cambio actual), en contratos que concluyen en 2023.Mediante el oficio DCAS-SSC-001/2019, con fecha del 4 de enero de este año, firmado por Idayalid Martínez Domínguez, subdirectora de Servicios Corporativos de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Pemex, se hizo saber a los directivos de la petrolera que deben entregar los vehículos en renta que les fueron asignados "como parte de las acciones de austeridad".El documento detalla que las unidades "deben ser entregadas en buenas condiciones, con inventario, documentos y la tarjeta que les permitía cargar combustible sin límites", aunque no especifica las empresas que arrendaron los vehículos.La devolución de las unidades será por área y deben ser entregadas con base en los inventarios que tiene la compañía, una vez que fueron detectados excesos de mandos superiores, "que además de gozar de un bono para la compra de un vehículo, llegaron a tener asignados hasta dos o más unidades rentadas".El pasado 4 de abril, El Universal publicó las modificaciones de la estructura orgánica de Pemex con el fin de "eliminar gastos excesivos, superfluos e improductivos que permitan liberar recursos que hacen falta en actividades sustantivas". Parte de la reestructuración implica eliminar 375 plazas del corporativo y de empresas productivas subsidiarias, entre mandos superiores, asesores, secretarios particulares, choferes y empleados de confianza de áreas administrativas excesivas.La mayor parte de ellos tenía a su disposición no solo un automóvil propiedad de la empresa para realizar sus actividades, sino hasta chofer, pero a raíz de las modificaciones de la estructura orgánica de la empresa les fueron retirados los vehículos, mismos que actualmente permanecen en resguardo como "cementerio de vehículos" en los estacionamientos de la empresa, polvosos y sin recibir ningún tipo de mantenimiento.Cabe señalar que, en 2018, mediante el contrato 2018-952-PMX- DOPA-PC-GCSSS-SA-AD-N-S, referente al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular fuera de garantía de Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se adjudicó de manera directa a la empresa Automotriz y Servicio Integral los trabajos con un valor de 650.000 pesos (30.595 euros) más IVA.Eliminación progresivaPor lo pronto, el Consejo de Administración de Pemex en la Sesión 939 Extraordinaria del pasado 26 de marzo aprobó la desincorporación de 370 unidades a través del Acuerdo CA-030/2019 y fijó un programa de enajenación a lo largo del año, que iniciará en el segundo trimestre, con la venta de 192 unidades, con un valor de 8,45 millones de pesos (397.745 euros)Para el tercer trimestre serán rematados otras 88, por las cuales se espera obtener otros 3,87 millones de pesos (182.136 euros). En tanto, para el cuarto trimestre serán ofertadas las restantes 90 unidades, con un valor total de 3,96 millones de pesos (186.371 euros). De acuerdo con las estimaciones de la petrolera, se espera recuperar 16,28 millones de pesos (766.171 euros) por la desincorporación de estos activos. En promedio, cada unidad de los lotes que serán rematados tendrá un costo de 44.000 pesos (unos 2.070 euros).La operación fue autorizada luego de que el Consejo recibió el dictamen, la información y documentación necesaria con la que se acredita la conveniencia económica, operativa y de negocio de la enajenación.