España muestra su oposición, ya que afectaría al negocio de las hotelerasR. E. M. / Ep madrid. La Casa Blanca se está planteando seriamente aplicar el Título III de la Ley Helms Burton para presionar a Cuba por su apoyo a Venezuela. Esta situación supone un riesgo para las empresas hoteleras españolas afincadas en el país. Meliá Hotels cuenta con 32 hoteles en Cuba, frente a los 20 de Iberostar o los tres de Barceló, y todas ellas siguen atentamente los progresos de esta creciente amenaza.Hace dos semanas, el ministro de Asuntos Exteriores español aprovechó su periplo estadounidense para reunirse con altos funcionarios del país y mostrarles el rechazo español a la adopción de esta medida. Borrell y el secretario de Estado, Mike Pompeo, repasaron la situación en Venezuela tras la reciente reunión del Grupo de Contacto Internacional en Quito y el ministro español aprovechó para transmitir la preocupación del Gobierno ante una posible activación total del Título III de la Ley Helms-Burton, que endurecería el embargo a Cuba. El ministro señaló entonces que, al igual que el conjunto de Estados Miembros de la Unión Europea, España reitera su firme rechazo, como razón de principio, a la aplicación extraterritorial de leyes nacionales sancionadoras por considerarla contraria al derecho internacional. De igual modo, ha subrayado que el Gobierno reafirma su inequívoco y decidido compromiso en materia de defensa y promoción de los Derechos Humanos. Desde su aprobación en 1996, esa provisión ha sido suspendida por todos los Gobiernos de EEUU cada seis meses, pero el Ejecutivo de Donald Trump ha dado señales de que podría activarla.El 17 de enero, el Gobierno de los Estados Unidos decidió suspender el Título III por apenas 45 días para, el 4 de marzo, renovar dicha suspensión por un período de 30 días, lo que abre la puerta a su aplicación.El pasado domingo, de hecho, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, criticó esta posibilidad, que solo incrementaría el cerco económico sobre la isla.José María Viñals, socio y director de Operaciones Internacionales de Lupicinio International Law Firm, indicó a Europa Press que "con esta suspensión se ha creado alarma e incertidumbre entre los potenciales afectados". Viñals detalla que si Washington decide, finalmente, volver a suspender la aplicación de la ley, tendría que comunicarlo a los comités del Senado y la Cámara de Representantes en o antes del próximo 18 de abril. Si no lo hace, la ley permitiría presentar denuncias contra quienes "trafiquen" con bienes confiscados, sin que sean necesariamente propietarios de los activos. "Es un concepto sumamente amplio, que podría incluir a propietarios, operadores e incluso aquellos que colaboran directa o indirectamente con el objeto de que otros se beneficien de esos bienes", explica Viñals, apuntando que, por esa vía, incluso pequeños exportadores podrían verse afectados. Este experto señala también que la UE tiene aprobado un "reglamento antídoto" que prohíbe a las empresas europeas cumplir, directa o indirectamente, con los efectos extraterritoriales de la Ley Helms-Burton, incluida la colaboración en investigaciones. Así, una sentencia no sería de aplicación en la Unión Europea.