Transición Ecológica insta a la Abogacía del Estado a dejar de defender la licencia otorgadaPedro Sánchez se mostró dispuesto a revisar la licencia de la instalación en un mitin de 2016El Gobierno socialista se ha puesto en marcha para tratar de dar un golpe de gracia a la planta papelera de Pontevedra, propiedad de Ence, antes de que acabe la legislatura. El Ministerio de Transición Ecológica, encabezado por Teresa Ribera, ha instruido a la Abogacía del Estado para que abandone la defensa de la licencia que otorgó el anterior Ejecutivo a esta instalación en los tres procesos judiciales existentes. Así, la Administración se entiende que acepta tácitamente que dichos permisos fueron mal concedidos y abre la puerta a un giro en las decisiones judiciales, que hasta el momento han sido negativas para los demandantes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya hizo gala en 2016 de su oposición a la planta de Ence. En plena campaña electoral, Sánchez aprovechó un mitin en Pontevedra el 17 de junio de 2016 para apoyar la revisión de la prórroga de dicha instalación, en la que la compañía está invirtiendo 100 millones. La Justicia, no obstante, ha ido por un camino muy distinto y la sentencia de la Audiencia Nacional conocida el pasado enero desestimaba las pretensiones de anular dicha concesión tras una demanda del Concello de Pontevedra. La Sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional ya dictó sentencia desestimatoria del recurso interpuesto contra la resolución de 24 de julio de 2015 del Ministerio de Agricultura. Según esta resolución, y con la conformidad de Ence, se acordó declarar la caducidad parcial de la concesión de los terrenos ocupados por la biofábrica de la compañía en Lourizán en lo que se refiere a los terrenos ocupados por la EDAR de Placeres, del emisario submarino existente junto a la EDAR y de las instalaciones deportivas, y se declaraba la subsistencia de la concesión sobre todos los demás terrenos de Ence-Pontevedra. Posición jurídica La compañía considera que la sentencia de la Audiencia Nacional confirma la solidez de la posición jurídica y sus argumentos pese a que el año pasado, la Ejecutiva local del PSOE de Pontevedra se comprometió a "insistir ante Madrid de la necesidad de tomar decisiones que favorezcan la salida" de Ence y Elnosa de la ría "y el traslado de su producción a otro lado", según dijo entonces el portavoz municipal, Agustín Fernández, tras una reunión mantenida con representantes de la Asociación pola Defensa da Ría (APDR). Las reclamaciones fueron escuchadas por el Gobierno de Sánchez pero el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, envió una carta al Concello de Pontevedra en la que aseguraba: "Consideramos que en estos momentos debemos esperar a la resolución judicial de los procesos correspondientes a los recursos contenciosos administrativos presentados ante a Audiencia Nacional". Y subraya que "este Gobierno ejecutará lo que resulte de la resolución judicial que recaiga". Ahora, el Gobierno parece que quiere tomar cartas en esas decisiones judiciales y ha instruido a la Abogacía del Estado para que abandone la defensa de esta autorización, es decir, para dejar de defender la actuación de la propia administración. Tal y como informó Ence a la CNMV, la Administración General del Estado pretende que se anule la concesión prorrogada a la compañía del terreno en el que se ubica la fabrica gallega. En concreto, según relata la empresa, la Administración General del Estado presentó el pasado viernes "un escrito de allanamiento en los tres procedimientos que actualmente se siguen en la Audiencia Nacional". Con ello, busca que "se declare la nulidad de la resolución de 20 de enero de 2016" por la que se le otorgó "la prórroga de la concesión sobre los terrenos" de la ciudad gallega en la que se encuentra su fábrica. Ence defiende en su comunicado a la CNMV que la nueva acción del Estado es "contraria al ordenamiento jurídico e implica un cambio arbitrario en el criterio que había venido manteniendo durante todo el procedimiento". Así, la fabricante de celulosa explica que los tres procedimientos abiertos actualmente en la Audiencia Nacional fueron iniciados por el Ayuntamiento de Pontevedra, la Asociación por la Defensa de la Ría de Pontevedra y Greenpeace España. Y hasta ahora, la Administración General del Estado se había mantenido en que "la resolución recurrida era completamente conforme a Derecho". Por todo ello, Ence asegura que "realizará cuantas actuaciones sean necesarias para la defensa de los intereses de sus accionistas, de sus trabajadores y proveedores". Ence encabezó ayer las caídas del Ibex 35. La compañía se dejó en torno a un 5 por ciento en el parqué, siendo de los pocos valores que cotizaron en rojo, ante la incertidumbre que ha surgido respecto al futuro de su fábrica de pasta de celulosa ubicada en Pontevedra.