La Ley debía obligar a los edificios a tener contadores individuales desde el año 2014La Comisión Europea ha remitido a España al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por no haber traspuesto a la normativa nacional la obligación europea de que los edificios con sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria de uso comunitario incorporen contadores individualizados para cada vivienda o departamento. La medida se contempla en la Directiva 2012/27/UE, de eficiencia energética, y tenía que haberse incluido en el ordenamiento jurídico interno antes del 5 de junio de 2014. Están obligados a instalar los contadores todos los edificios, siempre que sea técnica y económicamente viable. Si no lo es, la Comisión recuerda que en su lugar deben utilizarse asignadores de costes de calor montados en cada radiador. El desembolso podía alcanzar los 30 o 40 euros por unidad, y el anterior Gobierno del PP intentó retrasarlo lo máximo posible, de modo que la medida estuvo entrando y saliendo de distintos borradores normativos, sin que llegara a publicarse: estuvo a punto de aparecer en el texto del Real Decreto 56/2016, que reguló las auditorías energéticas, y luego se planteó una norma específica que no ha llegado a ver la luz. Régimen sancionador En esta última intentona se establecía que los nuevos contadores o repartidores de costes debían incorporar telelectura, que los ya instalados tendrían hasta 2028 para ello y que se podrían consultar los consumos por Internet desde el primer momento. También se previó un régimen sancionador: incumplir los plazos se consideraría una infracción, con una multa de 1.000 a 10.000 euros. No obstante, se planteó eximir a los inmuebles en las zonas climáticas benignas -las islas, Levante y el Guadalquivir- porque no sería rentable; en las demás zonas, según el tamaño y el emplazamiento, los edificios tendrían hasta 2019 o 2020 para obtener una valoración y, si procedía, un presupuesto. En los primeros cálculos de viabilidad se consideró factible si las obras se amortizaban en tres años, atendiendo a un ahorro medio anual del 15 por ciento. Iba a afectar a casi 1,2 millones de viviendas y la inversión total durante los primeros cinco años ascendía a 957 millones, pero a cambio se esperaba lograr un ahorro de 1.448 millones en combustible. La empresa Ista, especializada en la medición, reparto y ahorro de consumos, indica que cada familia podría ahorrar unos 200 euros anuales en la factura energética y considera que la multa que puede afrontar el país, en el caso de que no se cumpla la Directiva, podría ascender a 45 millones. Ignacio Abati, director de Ista y presidente de la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción, dice haber recibido la noticia "con cierto sabor agridulce" y considera que cumplir la norma generaría 3.000 empleos.