Antoni Bayona cesó como letrado mayor del Parlament de Cataluña en junio. Lo acordó con el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent. Ayer presentó su libro No todo vale, donde analiza el procés como jurista y desde su propia experiencia. ¿Por qué se esperó a la constitución del Gobierno de Torra? Porque no me pareció responsable abandonar el barco cuando aún estaba en una situación de crisis. El detonante fue cuando el proceso a la independencia escogió un camino incompatible con mis planteamientos jurídicos. Mi función es asesorar dentro del marco legal y constitucional y el procés no era respetuoso con ese marco. La decisión estaba madurada desde hacía tiempo y yo creo que a Torrent le iba bien. La legislatura ya empezó con problemas en relación a la investidura, así que vi el momento de volver a la retaguardia como letrado normal. ¿Hay amenaza de que vuelva una investidura a distancia? Hay en trámite una reforma del reglamento. No expresamente para esto, aunque es posible que se piense en ello. Pero la semana pasada el Tribunal Constitucional (TC) dictó sentencia en relación a la primera propuesta de investidura, la de Carles Puigdemont: la ha anulado. Es un dato a tener en cuenta, porque el TC ya ha decidido que, si el candidato no está personalmente, no se puede producir la investidura. En su libro apunta que la culpa es compartida. Como no había respuesta del otro lado, se han ido radicalizando las acciones. Y Cataluña ha querido precipitar los hechos con una independencia exprés en pocos años. Se tenía que tener mucha perseverancia y esperar el momento oportuno. En Escocia esperaron seis décadas. Después hay otro elemento, que es el marco del Derecho. El Estado tiene la obligación de defender la unidad territorial. ¿Cree que el Tribunal Supremo está incómodo por tener la pelota en su tejado? Yo creo que sí. Se trata de un conflicto que tiene las dos partes, la política y la jurídica. En relación a la política, creo que se tendría que haber intentado más de lo que se intentó, darle una salida. ¿Cuál sería el fallo que más facilitaría la solución del conflicto? El que plantearía menos problemas jurídicamente sería apreciar la desobediencia. Objetivamente, se puede comprobar que ha habido una serie de resoluciones del TC que se han incumplido. Sobre la malversación de fondos públicos, hay que demostrarla, cosa que no veo sencilla. Y el otro escenario especialmente grave, el de los delitos de rebelión y sedición, es sobre el que tengo serias dudas desde mi estudio del auto de procesamiento. Lo que ocurrió en Cataluña, aunque mucha gente lo pueda considerar muy grave, para mí difícilmente encaja en la descripción que el Código Penal hace de esos delitos. Sea cual sea la condena, ¿ve probable el indulto? Es una posibilidad. Tiene sus dificultades, porque implica un cierto reconocimiento, por parte del condenado, de responsabilidad. Pero devuelve la pelota a la política, después de que los jueces hayan hecho su trabajo. ¿Cómo cambian los gestos que hasta ahora ha tenido el Ggobierno socialista? Creo que la campaña electoral hace inviable prácticamente cualquier tipo de acercamiento. La causa de la convocatoria de elecciones fue un poco la discusión sobre el relator y la reacción de los partidos de derechas. Creo que estamos en un paréntesis absoluto. El gran tema será quién estará en Moncloa y la correlación de fuerzas. Hay un gran interrogante ahora mismo sobre el conflicto catalán. ¿Qué dificultades tiene un referéndum directo sobre la independencia? La doctrina del Tribunal Constitucional. En 2008, estableció que no se puede preguntar algo que contradiga directamente la Constitución. Hay un problema, a no ser que se matice la doctrina. ¿Y preguntar de forma indirecta? Sería posible preguntar si se está de acuerdo en cambiar la Constitución para reconocer el derecho a la independencia. Pero tanto este referéndum como el anterior deberían estar autorizados por el Estado. Y yo creo que quien tendría que votar es solo el pueblo catalán. ¿Contempla alguna otra solución? Los pactos políticos que permiten el amplio marco de la Constitución. Mejorar el autogobierno catalán con más competencias, el tema fiscal, participar en la toma de decisiones y en el ámbito competencial... ¿Se contentaría a una marea independentista radicalizada? Igual no, pero yo lo planteo como una medida provisional para tomar aire y, después, plantearse una reforma estructural. ¿Hasta qué punto es viable solucionar un conflicto cuando ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder? Hemos llegado a un círculo vicioso. Las posiciones son tan extremas que es muy difícil poder encontrar un punto de acuerdo, aunque siempre es posible. Si eso hubiera pasado hace dos años, antes de septiembre y octubre de 2017, quizás el margen de maniobra habría sido mayor. Un planteamiento desde Cataluña del derecho de autodeterminación, mediación internacional y liberación de los presos y que eso dependiera del Gobierno, que solo actuara en el marco de la Constitución, aunque sea amplio, es difícil. Y ahora está el juicio, que lo complica todo. Impide hacer política.