Sostienen que el nuevo marco legal supone una expropiación y se les debe indemnizarmadrid. Catorce folios de complejos argumentos legales. Es la última ficha que han movido Abertis y Autostrade para doblegar al Gobierno italiano y, así, conseguir consumar su fusión. Un anunciado matrimonio que nunca termina de consumar su unión debido a las continuas trabas que les está imponiendo el Ejecutivo de Romano Prodi y, especialmente, el polémico ministro de Infraestructuras, Antonio Di Pietro.Primero recurrió a una dudosa norma de 1997 para intentar vetar la operación. Después, por medio de un decreto ley, propuso limitar al cinco por ciento los derechos de voto de las constructoras (medida que golpea directamente los intereses de ACS. Por último, y más grave, quiere modificar el marco tarifario de la concesiones, un cambio que puede descolocar las cuentas de Autostrade y, por tanto, echar por tierra el actual canje de la fusión.Ataque al bolsillo públicoTantos rodeos han terminado por colmar la paciencia de Abertis y Autostrade, hasta el punto de plantearse tomar acciones legales contra el Gobierno. A través de la sociedad Schema28, principal accionista de la concesionaria italiana, han decidido pedir indemnizaciones al Gobierno por obstaculizar su fusión. No obstante, han pospuesto esta decisión hasta su próximo junta general.El Consejo de Administración de Schema28 ha emplazado a todos sus accionistas (Abertis, que controla el 13,3%; la familia Benetton, el 60%; Fondazione Crt, el 13,3%; Generali, el 6,7%; y Unicredito, el 6,7%) a una asamblea extraordinaria el próximo 23 de diciembre, en primera convocatoria; y el 5 de diciembre, en segunda.En esa reunión, propondrá exigir al Gobierno que les indemnice por los daños que les ha causado su oposición en la fusión. El abogado Giuseppe Morbidelli ha dado forma legal a todos los argumentos de Abertis y Autostrade en defensa de su fusión y, sobre todo, en contra de los obstáculos que ha intentado imponerles el Ejecutivo transalpino.Además de defender que Autostrade es una sociedad privada y, por tanto, "libremente transferible"; recuerda al Ejecutivo que la fusión no afecta al patrimonio de la concesionaria. En cambio, modificar las actuales reglas de juego para intentar frenar el matrimonio "no sólo supone una lesión gravísima a la libertad de iniciativa económica y privada, sino también una violación del derecho de propiedad".Morbidelli también argumenta que, con el nuevo marco tarifario, "el concesionario pierde utilidades económicamente valorables", por tanto, considera que "la compensación de tal pérdida debe prever alguna forma de indemnización. Se trata de una expropiación sustancial, obviamente inconstitucional".No obstante, todos estos argumentos pueden interpretarse como una medida de presión de Abertis y Autostrade hacia el Gobierno. Sobre todo, porque no tomarán la decisión definitiva de pedir indemnizaciones al Ejecutivo hasta dentro de un mes. Para entonces, Europa ya habrá emitido su veredicto sobre el cambio tarifario y, por tanto, puede haberlo echado por tierra. Del mismo modo, para esas fechas, el decreto ley habrá pasado ya por el Senado italiano.