Rafael van Grieken Salvador ha sido vicerrector de Investigación de la URJC durante diez años hasta su nombramiento como director de Aneca en junio de 2012, cargo en el que ha permanecido hasta su nombramiento como consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. La innovación educativa se ha convertido en un reclamo publicitario. ¿Cómo pueden los padres distinguir el grano de la paja? Creo que la elección de centro se debe a una suma de factores y no creo que ninguna familia se deje llevar por un eslogan a la hora de elegir colegio. Lo importante es garantizar que, dentro de la diversidad de proyectos, todos los centros ofrezcan una enseñanza de calidad y garanticen la igualdad de oportunidades. ¿Cuáles son las novedades para la educación madrileña? El programa STEMadrid para incentivar las vocaciones científicas y tecnológicas entre los alumnos, la entrada en vigor del programa Accede para el préstamo de libros, el plan Impulsa para dotar de apoyos adicionales a centros situados en un entorno socioeconómico difícil o con un clima de convivencia complicado son algunas de esas novedades. También seguiremos incentivando y extendiendo programas innovadores, como Educar para Ser, para el desarrollo de la inteligencia emocional de los alumnos, o el Dytective, para la detección temprana de la dislexia. ¿Cuál es su opinión sobre la nueva ley educativa? Está viciada desde el origen, porque es una ley que se ha elaborado sin contar con la comunidad educativa, con otras fuerzas políticas o con las Comunidades Autónomas que deben implementarla. Y en cuanto a su contenido, es una ley que busca recortar la libertad de elección de las familias, la autonomía de las regiones o de los centros para desarrollar proyectos propios o la exigencia, con el único fin de maquillar las estadísticas de resultados. Es una ley que, lejos de mirar al futuro y afrontar los retos del siglo XXI, nos lleva de vuelta a las leyes pasadas (LOE-LOGSE), a 2006. ¿Deben volver las competencias educativas al Estado? El Estado tiene que garantizar que en todo el territorio nacional se den unos contenidos comunes, que se garantice una educación de calidad, con igualdad de oportunidades, que se pueda estudiar en la lengua de todos los españoles. Pero esta responsabilidad del Estado no es incompatible con lo que se ha demostrado que funciona bien, y lo que ha permitido que la comunidad cuente con un sistema de educativo a la altura de los mejores de Europa y del mundo, como lo demuestran las evaluaciones internacionales. En las oposiciones a profesor hay plazas que se han quedado sin cubrir. ¿Eso significa que los docentes de ahora están peor preparados? Creo que generalizar sobre la preparación de los docentes opositores a partir de una convocatoria puntual no es razonable. El sistema de oposiciones es exigente precisamente para garantizar que quienes acceden a una plaza de funcionario en el sistema educativo tienen los conocimientos y las competencias pedagógicas exigibles para contribuir a la permanente mejora de ese sistema. Una convocatoria es eso, una oportunidad, y habrá otras, pero el objetivo de garantizar la calidad del sistema nunca ha de ponerse en cuestión con el único fin de ocupar las plazas. ¿Cree que habría que cambiar el sistema de contratación del profesorado? Creo que hay un debate pendiente más amplio sobre la formación del profesorado, cómo podemos abordar la selección del mismo para seguir buscando esa mejora permanente, pero también cómo desarrollar una verdadera carrera profesional docente; y precisamente por ello resulta también un error el abordar con prisas y sin consenso la aprobación de la nueva ley. ¿Cómo ha afectado el 'caso Cifuentes' a la universidad española, en concreto a la madrileña? La Comunidad de Madrid cuenta con un gran sistema universitario de calidad. Más de la cuarta parte de sus alumnos viene de otras Comunidades Autónomas y también 16.000 estudiantes llegan de fuera de España, casi el 7 por ciento del total. Cuenta con miles de docentes, que cada día se esfuerzan en mejorar la calidad de la enseñanza, y de investigadores que trabajan para lograr avances que mejoren nuestra vida. Pensar que todo ese trabajo se pueda ver afectado por una presunta irregularidad concreta de un instituto asociado a una universidad, irregularidad que está siendo investigada, me parece inverosímil. Por supuesto que hay muchas cosas que se pueden seguir mejorando en la universidad, pero ese es un objetivo permanente, no suscitado por el llamado caso Cifuentes. ¿Hay alguna posibilidad de que haya un pacto por la educación que incluya al PP? El PP ha demostrado su disposición a establecer pactos educativos. En el ámbito regional, nosotros promovimos un gran acuerdo con la participación de toda la comunidad educativa cuyas medidas fueron aprobadas mayoritariamente en el seno del Consejo Escolar. En el terreno nacional, el PP promovió un Pacto de Estado por la Educación, pero la espantada del Partido Socialista dinamitó cualquier posibilidad de consenso. Y cuando se produjo el cambio de Ejecutivo, el Gobierno de Pedro Sánchez -lejos de buscar el acuerdo y el diálogo- ha optado por presentar un nuevo anteproyecto que no goza del apoyo de la comunidad educativa. Creo que a día de hoy la única esperanza de volver a una senda de acuerdos es, por tanto, que gobierne el Partido Popular.