La empresa presenta una denuncia ante la Fiscalía tras concluir la auditoríaEl Grupo Dia ha llevado a la Fiscalía las irregularidades contables que llevaron a la compañía a reformular las cuentas de 2017, tras terminar una investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos y una investigación forense encargada a EY. KPMG, el auditor de las cuentas señala en su informe que se han detectado comportamientos irregulares entre empleados y directivos en Brasil y España respecto a los pagos a proveedores. La denuncia apunta directamente a Ricardo Currás, consejero delegado hasta agosto de 2018; su sucesor, Antonio Coto, que también fue responsable en Brasil, y Amado Sánchez Falcón, antiguo director financiero del grupo. Según explican las fuentes consultadas por este periódico, Currás fue destituido en agosto tras descubrirse que habría inflado presuntamente las cuentas para cumplir con los objetivos, exigiendo pagos a los proveedores de forma irregular. El consejo decidió en ese momento su relevo por Antonio Coto, pero éste fue también destituido en diciembre, cuando se descubrió que esas mismas prácticas se habían llevado a cabo en Brasil, país al frente del cuál había estado en los últimos años. Fiab, la patronal de la industria alimentaria, y Promarca denunciaron en 2015 a Dia por exigir estos pagos, que se habrían facturado en otros ejercicios como descuentos por la compra de mercancía. Aica, la Agencia de Información y Control Alimentario, impuso en este sentido el año pasado una sanción de 6 millones a la compañía por exigir pagos adicionales a los proveedores y modificar condiciones contractuales de forma unilateral. La empresa sigue revisando ahora la política comercial y admite que "existe un riesgo de incorrección en el importe de gasto neto por consumo de mercaderías registrado en el caso de que el descuento aplicado no se corresponda con las condiciones efectivamente acordadas con el proveedor". Según KPMG, "en estas circunstancias, el adecuado reconocimiento del citado gasto requiere que la sociedad estime con fiabilidad el grado de cumplimiento de las condiciones que dan derecho al descuento". Además de llevar el caso a la Fiscalía, Dia reclamará a Ricardo Currás que devuelva 2,4 millones de la retribución recibida en los tres últimos años tras detectarse las posibles irregularidades. Su contrato incluye una cláusula denominada clawback por la que tendría que devolver, justificado en una mala praxis, en concreto, un bonus de 617.000 euros correspondientes a 2016 y otro de 217.000 euros del ejercicio 2017, al margen de la indemnización. En la remuneración del año pasado, que se eleva a un total de 2,56 millones, no aparece ningún pago variable, al haber salido antes del 31 de diciembre, pero sí la indemnización por su despido el 24 de agosto de 1,6 millones. Currás, que cobró un sueldo de 486.806 euros, tiene derecho, igualmente, a un pago de 600.000 euros por una cláusula de no competencia. En el informe de remuneraciones, se incluye que ya ha cobrado 100.000 euros, con lo que queda pendiente medio millón. Pero a esta cifra hay que añadir además otros 300.000 euros por incumplimiento por parte de la compañía en el periodo de preaviso. Tras la destitución de Currás, durante cuatro meses asumió el cargo Antonio Coto, que cobró 260.000 euros, de los cuales 207.000 euros corresponden a la retribución fija. Por el momento, la compañía no ha pagado importe alguno por resolución de contrato.