En la investigación hay una veintena de empresarios y abogados imputadosmadrid. El caso BBV-Privanza, que es el origen de los registros practicados ayer en las sedes de Banco Espírito Santo, BNP-Paribas, Cartera Meridional y Cahispa, se inició hace ya varios años. La Fiscalía Anticorrupción, basándose en diversos informes de la Agencia Tributaria, descubrió que 600 clientes del Bilbao Vizcaya (hoy BBVA tras la fusión de éste con Argentaria) utilizaron desde 1998 hasta 2001 una cuenta que la entidad tuvo abierta en Madrid, a nombre de la filial del grupo BBV Privanza Bank en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. Desde esa cuenta se movieron fondos, por valor de unos 500 millones de euros, de residentes españoles y extranjeros que presuntamente adquirieron productos fiduciarios opacos a la Hacienda Pública. ImplicadosEn la investigación llegó a estar implicado Estanislao Rodríguez Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda con el Gobierno del PP, ya que fue él, según declaró un testigo protegido ante el juez Garzón, quien redactó el manual de instrucciones para no pagar impuestos que manejaba el BBV. Paralelamente a esta investigación, el juez Garzón abrió otra pieza separada en relación a los clientes que presuntamente se habían beneficiado de estas cuentas opacas al fisco. Supuestamente, en la operación de evasión de capitales participaban varios despachos de abogados, de los cuales uno de los más activos es el bufete catalán Petrus. Varios miembros de este despacho han sido imputados, al igual que otra veintena de personas que presuntamente se beneficiaron de las cuentas opacas, entre los que figuran los hermanos Carceller, dueños de la cervecera Damm, y el ex presidente de Burberrys España, Eugenio Mora. Todos ellos eran clientes del BBV Privanza Jersey, y supuestamente, los despachos jurídicos les ayudaron a traer el dinero a España, ocultándolo a la Hacienda Pública, cuando el BBVA decidió cerrar la estructura de trust que supuestamente permitía estas prácticas.Durante este año, se han registrado diversas empresas, despachos de abogados y domicilios particulares de San Sebastián, Madrid, Girona y Barcelona, para recopilar documentación relacionada con la comisión del presunto delito fiscal investigado. De toda esa información requisada se extrajeron pruebas que involucran a clientes y sociedades, quienes utilizaron las entidades registradas ayer para continuar con su actividad presuntamente delictiva.