Defiende que la operación fue alentada por una ley y vigilada por el supervisorLa reanudación del juicio por la salida a bolsa de Bankia tras la vuelta de la Navidad llegó con el protagonista de la causa: Rodrigo Rato. El expresidente de la entidad se sometió ayer a las preguntas de la fiscal Anticorrupción, Carmen Launa, en un tira y afloja de cuestiones y respuestas que llegaron al enfrentamiento, al tono bronca y a que Rato acudiera a la indignación y la ironía para su dialéctica. El que fue presidente de Bankia entre 2010 y 2012 responsabilizó al Gobierno (entonces encabezado por Rodríguez Zapatero) y al Banco de España del salto al parqué de la entidad. Rato recordó que en febrero de 2011 el Ejecutivo aprobó un Real Decreto que imponía a las cajas unos requisitos mínimos de capital. Concretamente, exigía unos requerimientos de capital del 10 por ciento a las cajas no cotizadas, aunque bajaban al 8 por ciento si la entidad salía a bolsa. "Hubo un consejo de administración (el 26 de enero de 2011) en el que pusimos la televisión porque la vicepresidenta anunció estas medidas. Nos detuvimos todos a ver que la señora (Elena) Salgado nos dijera lo que teníamos que hacer. Los plazos eran muy cortos y empezamos a movernos", aseguró ayer el exbanquero para explicar cómo el consejo de administración tomó la decisión de salir a bolsa. Exigencias de plazos En el caso de que el banco no hubiera salido al parqué, la entidad tenía dos opciones, pedir dinero público al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) o conseguir un inversor privado. Sin embargo Rato explicó que tanto el Banco de España como el Gobierno "eran totalmente partidarios de la salida a bolsa" y, de hecho, el supervisor exigió que la operación se llevara a cabo antes de septiembre de 2011. Finalmente, el banco hizo su estreno bursátil en junio de ese año. "Ni el SIP (Sistema Institucional de Protección, también conocido como fusión fría) ni la salida a bolsa fueron decisiones empresariales, sino legales, aprobadas por rango de ley y controladas por el supervisor. Nosotros las ejecutamos lo mejor posible", defendió el exbanquero. Rodrigo Rato está acusado en el juicio por falsedad de las cuentas con las que Bankia salió a bolsa y estafa a los inversores. La Fiscalía pide cinco años de cárcel para él. Además, entre personas físicas y jurídicas, hay 34 encausados más, aunque no todos por ambos delitos, ni acusados por las mismas partes del proceso. La fiscal incidió durante una extensa parte del interrogatorio por qué se cargaron contra reservas en vez de contra beneficio las provisiones para cubrir los deterioros de las siete cajas fusionadas. Rato aseguró que el Banco de España permitió a las entidades a realizarlo y descartó que el motivo fuera porque el hecho de que la entidad siguiera teniendo beneficios (al no quedar ahogados por la carga de dotaciones) le permitiera seguir cobrando bonus. Respecto a cómo se decidió integrar a Bancaja -después Banco de Valencia- en el SIP (última caja que se decidió que entrara en la fusión y que fue intervenida en noviembre de 2011 por el Banco de España por su delicada situación de solvencia y liquidez), Rato aseguró que fue decisión del supervisor nacional. "En mayo de 2010, el gobernador del Banco de España (Miguel Ángel Fernández Ordóñez) me llamó para que me presentara en su oficina, inmediatamente cogí un taxi y fui para allá. Llegué y estaban el presidente de Bancaja, José Luis Olivas, y el subgobernador del organismo. Me dijeron que Bancaja debía unirse al SIP y que empezáramos a negociar", relató. Después, el exbanquero añadió que el Frob les diseñó las opciones de fusión y les sometió a un control trimestral del plan de negocio. Rato proseguirá su comparecencia hoy. Situación de la entidad La magistrada que encabeza el tribunal de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, dio a conocer al inicio del juicio su decisión sobre las cuestiones previas planteadas por las partes. Así, rechazó aplicar la doctrina Botín a Bankia y a otros 16 procesados, a pesar de que no están acusados ni por la Fiscalía ni por la Abogacía del Estado. También exculpó del supuesto delito de falsedad de cuentas a Bankia, BFA y Deloitte, del que estaban inculpados por una acusación particular, al considerar que sólo se puede imputar esta fechoría a las personas físicas, pero no a las jurídicas. No obstante, Bankia, BFA y Deloitte seguirán presentes en el juicio puesto que las acusaciones populares les imputan presunta estafa a los inversores. Por otro lado, la magistrada rechazó la petición de Bankia y una veintena de acusados de expulsar a las acusaciones particulares del caso, bajo el argumento de que representan los intereses de los inversores que acudieron a la salida a bolsa, pero que ya han sido resarcidos. Concretamente, el banco compensó las pérdidas de 1.100 afectados y sólo quedan 168 que no han solicitado dicha cantidad, pese a que están consignadas en una cuenta del banco. La juez considera que las acusaciones particulares tienen derecho a estar en el proceso porque defienden los intereses colectivos. Al hilo, recuerda que Bankia necesitó un rescate con dinero público que ascendió a 23.000 millones de euros.