El ministerio deja en manos del Consejo de Ministro aprobar el monto de la liquidaciónEl Ministerio de Fomento ha planteado una primera factura de entre 2.000 millones y 3.000 millones por las autopistas rescatadas. El departamento que dirige José Luis Ábalos tiene hasta mediados de enero para determinar el importe que, por ley, debe pagar a las empresas concesionarias por la inversión que relizaron para construir la vías y que no les ha dado tiempo a amortizar con la explotación, ya que su gestión fue asumida por el Estado tras declararse en suspensión de pagos. Ante la cercanía de la fecha, Fomento ha realizado un primer cálculo, que ya ha presentado a los administradores concursales de las nueve autopistas, según informa la agencia Europa Press citando fuentes del sector. Siempre de acuerdo con estas mismas fuentes, esta primera propuesta ya ha sido rechazada por los administradores, que han mostrado su desacuerdo con la cantidad fijada y la forma en la que se ha calculado, porque dejan fuera una serie de conceptos como el de las infraestructuras adicionales que tuvieron que ejecutar y las expropiaciones de los terrenos, cuyo coste se disparó tras distintos procesos judiciales. En este punto, no hay que olvidar, sin embargo, que los fondos que se quedaron con la deuda de las autopistas y las concesionarias ya elevaron la factura a los 5.000 millones de euros y que el Ministerio de Fomento, con el PP en el Gobierno, rebajó dicho cálculo a los 1.800 millones que ya están contabilizados en el déficit, una cantidad que el actual Ejecutivo ha ido incluyendo en las distintas versiones de los presupuestos enviadas a Bruselas. Alegaciones La presentación de este primer cálculo a los administradores, a los que se les ha solicitado un informe con alegaciones, forma parte del nuevo proceso abierto por Fomento para calcular la RPA (responsabilidad patrimonial de administración), debido a su complejidad y alto riesgo de litigiosidad. Así, antes de fijar un precio y proceder a su abono se realizarán los siguientes trámites: propuesta de la Administración, audiencia de los interesadors, informe de la Abogacía del Estado, dictamen del Consejo de Estado en el caso de que las partes se opongan a las cifras y, finalmente, resolución en el Consejo de Ministros. Desde Fomento explican que, de momento, es imposible fijar la cifra que se deberá abonar a las sociedades concesionarias y que se les ha entregado un primer informe para que dispongan de toda la información, a la espera de que se realice otra audiencia cuando esté formulada la propuesta de liquidación. Así, el Ministerio de Fomento no se ha pronunciado sobre si la cifra está más cerca de los 2.000 millones o de los 3.000 millones de euros.