El alza de las pensiones y el incremento salarial de los funcionarios suman 5.500 millones de gasto adicionalEl Consejo de Ministros de Barcelona ha sido la cita que ha aprovechado el Gobierno para aprobar parte de sus medidas de agenda social a poco más de una semana de que empiece 2019, año en el que se celebrarán elecciones autonómicas y europeas, y si Pedro Sánchez lo desea, también Generales. En este escenario, el Ejecutivo dio luz verde no solo a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros en 2019, sino también al incremento del sueldo de los empleados públicos, que será como mínimo del 2,25 por ciento. Ambas medidas entrarán en vigor el próximo 1 de enero. Como ya adelantó elEconomista y confirmó Meritxel Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública, la subida beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores, y supondrá un gasto adicional para las arcas públicas, de unos 3.700 millones de euros. Esta cantidad se ha de sumar al incremento de las pensiones de jubilación para el próximo año, que totaliza unos 1.800 millones, y la correspondiente paguilla para sus beneficiarios -con la que se compensa el incremento que se pueda dar del IPC durante el año anterior, en este caso, 2018-, cifrada en unos 257 millones. En total, unos 5.757 millones. Ambas medidas de subida salarial entrarán en vigor el 1 de enero. Sin embargo, el alza de sueldo de los funcionarios se tendrá que someter al dictamen y la convalidación del Congreso de los Diputados en, como mucho, 30 días, dado que se ha tenido que aprobar a través de un real decreto ley. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Batet advirtió de que si este alza salarial no se hubiera aprobado por esta vía "se congelarían las remuneraciones de todos los empleados públicos" hasta que se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado para 2019, y se abocaría a la "adopción tardía" de la medida. Respecto al trámite que el decreto ley tendrá que superar en el Congreso de los Diputados, se mostró convencida de que la propuesta contará "con el apoyo de las fuerzas parlamentarias. Contactaremos con todos lo grupos políticos". También anunció que su departamento iniciará una "ronda de información con las comunidades autónomas para conocer su primera valoración". Compromisos canarios El Consejo de Ministros celebrado en la Ciudad Condal también sirvió para cerrar algunos de los compromisos pendientes que quedan con Canarias. De no cumplirse, el partido que gobierna el archipiélago, Coalición Canaria, amenaza con negarse a negociar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno. De esta manera, el cónclave dio el visto bueno al convenio de carreteras para Canarias por el que la Administración central se compromete a aportar 1.200 millones para construir este tipo de vías en las islas hasta 2025. También se aprobaron 42 millones para un Plan de Empleo Especial para Canarias, especialmente pensado para el campo de la formación. Sin embargo, estas cifras no satisfacen a los nacionalistas canarios, sobre todo en el campo de las carreteras. De hecho, echan de menos la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo que reconocen el derecho de la autonomía a percibir 945,5 millones por los incumplimientos arrastrados entre 2012 y 2017 por el Estado central, razón por la que Fernando Clavijo, presidente de la región, no asistirá a la firma del acuerdo con el ministro de Fomento, Juan José Ábalos. Cambios en el IRPF El Gobierno también ha aprovechado la cita para modificar, mediante un real decreto, el reglamento del IRPF para adaptarlo a los cambios normativos ejecutados a lo largo de 2018, incluyendo los incluidos en los últimos Presupuestos aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, por esta vía se aprobó el incremento de la reducción por rendimientos del trabajo para rentas inferiores a 18.000 euros. También se modificaron las deducciones por maternidad y por familia numerosa o a personas que tienen algún familiar con discapacidad a su cargo, así como el importe de la reducción por rendimientos del trabajo o las deducciones por obtención de rentas en Ceuta y Melilla. El texto reglamentario se adapta además a la nueva obligación de información que las guarderías deben suministrar para que la Agencia Tributaria pueda calcular el incremento de la deducción por maternidad para las madres que llevan a sus hijos menores de tres años a una guardería o centro educativo. Adicionalmente, se introducen algunas medidas técnicas para facilitar el control tributario y la lucha contra el fraude fiscal.