El Ministerio de Sanidad aún no se ha sentado con los laboratorios para renovar el convenio que caduca el día 31El acuerdo que desde 2015 acompasa el gasto público en medicamentos a la evolución del PIB puede tener los días contados. Este pacto, firmado por primera vez en 2016, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, entre los Ministerios de Hacienda y Sanidad con la patronal de los laboratorios innovadores, Farmaindustria, se ha renovado desde entonces todos los años por un periodo anual, del 1 de enero al 31 de diciembre. Todos los meses de diciembre, el pacto se renovaba y la firma se llevaba a cabo en estos días. Sin embargo, este año, a apenas 12 días de la conclusión del acuerdo para 2018, no parece que la renovación llegue a suceder y la postura del Ministerio de Sanidad está más cercana a negociar un tipo de acuerdo diferente. Ayer, la ministra de Sanidad, preguntada sobre el asunto durante su intervención en el Fórum Nueva Economía, no quiso entrar al detalle en el asunto, aunque sí ha reconocido que el acuerdo con Farmaindustria "se tiene que negociar para llegar a un nuevo acuerdo". Desde Farmaindustria, de momento, esperan una llamada para al menos saber la postura de los responsables ministeriales. Y es que, según fuentes de la patronal, ni la anterior ministra, Carmen Montón, ni la nueva ministra, María Luisa Carcedo, han llegado a reunirse con los representantes de la industria farmacéutica innovadora para abordar este asunto. Control trimestral Los laboratorios farmacéuticos innovadores, a través de su patronal Farmaindustria, firmaron por primera vez este convenio en 2016 con los Ministerios de Hacienda y Sanidad para que el aumento del gasto público farmacéutico no sobrepasara el crecimiento anual del PIB. El objetivo perseguido tanto por los laboratorios como por el Gobierno es que la factura en medicamentos no fuera un problema para lograr el crecimiento esperado en la economía española ni será un obstáculo para cumplir con los objetivos de déficit marcados por Europa. Para ello, se establece un control trimestral del gasto, con medidas compensatorias o correctoras para no superar el límite. El acuerdo consiste en fijar cada año un techo de gasto adecuado al PIB. El concreto, el convenio establece dos tipos de compensaciones al Estado por parte de la industria farmacéutica. Si el gasto farmacéutico público en medicamentos originales no genéricos supera la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española (la conocida como regla de gasto), pero no alcanza la tasa de crecimiento del PIB real, el sector farmacéutico debe compensar al Sistema Nacional de Salud con medidas que, no suponiendo transferencia monetaria, sí tengan contenido económico. Estas medidas se concretarían por parte de una Comisión de Seguimiento recogida en el propio Convenio. En el caso de que ese gasto en medicamentos supere la tasa de crecimiento del PIB real de la economía española, a las medidas anteriores se añadirán compensaciones monetarias correspondientes al exceso de crecimiento sobre el PIB real en el tramo relativo a la industria. Por su parte, si el crecimiento del sector fuera inferior a la regla de gasto, la citada Comisión de Seguimiento "podrá proponer incentivos -a la industria farmacéutica- en el marco del Real Decreto-Ley 8/2010 en la forma en que se establezca". Tal incentivo no es una decisión automática, como en las compensaciones que tendría que hacer la industria farmacéutica, sino una posibilidad que podría plantear la Comisión creada para el seguimiento del cumplimiento del Convenio y que implicaría modificar la citada Ley, que regula las deducciones que el Estado ya aplica a la industria en función de sus ventas al SNS (que son del 4 por ciento, 7,5 por ciento y 15 por ciento, según el tipo de medicamento). Algunos dirigentes del PSOE se han mostrado hasta ahora en contra de este convenio. Hay que recordar que las regiones adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) están obligadas a suscribir el citado protocolo para seguir teniendo la financiación de Hacienda. Incluso, la anterior ministra de Sanidad, Carmen Montón, cuando era consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, llegó a afirmar que se trataba de "un acuerdo a favor de la industria y no de las comunidades". Carcedo no se había manifestado hasta ahora.