U n economista no puede prescindir de asomarse al ámbito económico creado por la Constitución de 1978. Y ello, porque, en la Transición, en el sendero que conduce hacia la Constitución democrático-liberal emparentada con las de todo el mundo occidental, ¿qué obstáculos graves surgen en nuestra realidad económica? En España había aparecido, a partir de 1953, una auténtica revolución económica. La observación sobre cómo integrarnos en las ventajas derivadas de la Revolución Industrial del siglo XVIII, y de olvidar aquello en lo que insistían los economistas librecambistas, generó a partir de la Restauración y del impulso de Cánovas del Castillo desde 1874, el desarrollo de un incremento del proteccionismo. Esto es lo que dio lugar a lo calificado por Perpiñá Grau, en 1935, con el nombre de un sistema autárquico. Esa línea es la que transcurre desde Cánovas a Suanzes, pasando por Maura, Cambó o Chapaprieta, pero finaliza a partir del citado 1953 y, de manera radical, desaparece desde 1957. Ese proteccionismo estaba ligado también en el ámbito internacional a la neutralidad española ante los graves conflictos bélicos del mundo occidental. En 1953, ya en plena Guerra Fría, con el pacto con Estados Unidos, España deja de ser neutral y de inmediato se inicia su enlace con organismos económicos internacionales, desde la OECE al Fondo Monetario Internacional, y simultáneamente recibe ayuda económica por parte de Estados Unidos. El cambio político de 1957, con las sustituciones de Gómez de Llano en Hacienda por Mariano Rubio, de Rafael Planell en Industria por Jesús Rubio García-Mina, de Manuel Arburúa en Comercio, por Alberto Ullastres y de José Antonio Girón en Trabajo por Fermín Sanz Orrio, muestra la magnitud del cambio que ha de calificarse como radical respecto a la política económica. Ello culminará en 1963 con el abandono de Suanzes de la presidencia del Instituto Nacional de Industria y la salida del Gobierno de Gual Villalbí en 1965. Ese cambio radical de la política económica hacia una apertura muy franca al exterior en todos los sentidos, incluyendo el comienzo de las conversaciones con la Europa comunitaria, es el que culminaría con el Convenio Preferencial establecido con ésta en 1970, negociado fundamentalmente en Bruselas por Ullastres. Todo ello estaba acompañado por crecientes y fuertes inversiones de capitales extranjeros, que facilitaban un fortísimo desarrollo económico. Era evidente que el sendero legislativo iniciado a partir de la llegada, sustituyendo a Franco como presidente del Consejo de Ministros por Carrero Blanco primero, y por Arias Navarro a continuación, y de recibir de Juan Carlos de Borbón los poderes del Jefe del Estado, lo que iba a conducir hacia una nueva realidad política. Uno de los aspectos, derivados de esta situación trazada por Torcuato Fernández Miranda, obligadamente llevaba a la aparición de una nueva realidad constitucional que, por cierto, arrancaba en de la expuesta por Rodrigo Fernández Carvajal en La Constitución española, (Editora Nacional, 1969). Y en esa senda hacia la Constitución aparecieron tres problemas económicos de gran magnitud. El primero fue llamado choque petrolífero de 1973. Una de las consecuencias de la Guerra del Yom Kippur fue que la Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC), lograse que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aumentase las cotizaciones de las materias petrolíferas de todo tipo. El choque sobre nuestra economía fue grande, en parte notable porque en el proceso iniciado a partir de 1953-1959, no se había logrado eliminar la existencia de un considerable capitalismo corporativo, nacido a partir de Maura, como consecuencia de la crisis del mercado azucarero, y ampliado de modo creciente tanto en la dictadura de Primo de Rivera como en la II República, y afianzado tras la Guerra Civil con, incluso, el denominado sindicalismo vertical. En segundo lugar, existía en el terreno laboral una rigidez extraordinaria en ese sector, vinculada a un proceso inflacionista notable y a una pérdida clarísima en la relación real de intercambio. Todo ello obligó a Rafael Cabello de Alba, vicepresidente y ministro de Hacienda, a admitir una crisis larga, consolidada en 1975, con la Transición ya claramente en marcha. Pero las medidas procedentes de Cabello de Alba se abandonarían en 1976. Daba la mala impresión de que se debía al deseo de no perturbar con una política económica contractiva los primeros momentos del reinado de Juan Carlos I. Pasó por eso a vislumbrarse la posibilidad de que surgiese un auténtico cataclismo en nuestras cuentas exteriores. Esto se liga, de inmediato, con otra crisis: la bancaria, generada por una crisis industrial notable derivada de la provocada por el encarecimiento energético. Esa crisis industrial se vinculó con una considerable crisis bancaria que afectó en poco tiempo "a 51 bancos en España", señalando la profesora Sánchez Lissén que "esta situación crítica por la que iban a pasar muchos bancos, fue motivada por no haber hecho caso a las recomendaciones contenidas en la Ley de Ordenación del Crédito y la Banca de 1962". Recordemos que con ella se procuraba liquidar aquella lamentable realidad que se denomina de la Banca mixta, o sea, aquella que los economistas que habíamos estudiado en la universidad con Manuel de Torres sabíamos lo que le acabaría sucediendo a nuestra banca si intentaba mantener ilimitadamente el desarrollo de operaciones de activo y pasivo a corto plazo para financiar activos a largo plazo, y así tratar de controlar parte sustancial de la realidad industrial. Y a todo esto, en aquellos momentos se unió una fuerte conmoción capitaneada por la COS, la Coordinación de Organizaciones Sindicales, constituida entonces por Comisiones Obreras, UGT, USO, y también con cierto papel en la Organización Sindical creada por el anterior régimen político. Derivado de todo ello fue que el choque energético se convirtió en choque industrial y de servicios, y a la crisis bancaria se unió inmediatamente una crisis social. Los siguientes datos lo comprueban: frente a las 855 huelgas de 1975, en 1976 se habían desarrollado 1.470; frente a 56.371 trabajadores afectados en 1975, en 1976 existió un conjunto de 349.530 trabajadores en huelga, y frente a 10.355.180 horas de trabajo perdidas en 1975, se registraron 101.724.660 en 1976. Este otro fuerte choque que se sumaba a los anteriores, era evidente. En esas condiciones ¿era posible imaginar una realidad constituyente capaz de crear una nueva realidad política que, entre otras cosas, permitiera culminar, en lo económico, la negociación comenzada a partir del Acuerdo Preferencial de 1970 con el mundo comunitario? A todo lo señalado, hay que añadir un caos doctrinal derivado de planteamientos económicos peligrosos, que incluso se aceptaban con calor a partir del comienzo de la Transición. La superación de todo ello se debe, en gran parte, al profesor Fuentes Quintana. La acción de éste tuvo dos cumbres. En primer lugar, desde Televisión Española, con una intervención científicamente perfecta expuesta de modo magistral para que fuese entendida por los oyentes. En ella explicó a los españoles la gravedad de la situación económica que se padecía. Pero, por otra parte, consiguió, y aquí reside el papel histórico de Manuel Lagares, que era entonces su segundo, que admitiese esos puntos de vista de Fuentes Quintana un conjunto de economistas clave de los partidos políticos que habían pasado a tener una mayor fuerza parlamentaria. Ésta fue la base científica de los importantes Pactos de La Moncloa. Del proyecto tuvo conocimiento y apoyo la Fundación Ebert, vinculada al Partido Socialdemócrata alemán y muy influyente en aquellos primeros pasos del PSOE. Todo esto constituyó la base de los Pactos de La Moncloa, que respaldaban el modelo de economía libre de mercado, con un evidente planteamiento complementario de tipo social, que se debería desarrollar en varios planos. Así se insinuaba que deberían tales medidas relacionarse con el mundo fiscal, por lo que pasaban a ser fundamentales los avances contenidos en las aportaciones procedentes del binomio Monreal-Fuentes Quintana, y su Libro Blanco, continuado por Villar Mir, quien, el 8 de julio de 1976, señalaba el futuro que debía seguirse en ese sentido. Pero debo añadir que las más lejanas raíces en España de esta concreta dirección las encontramos nada menos que en 1941 y años siguientes, a partir de una nota de Valentín Andrés Álvarez en la Revista de Estudios Políticos en la que alude a la importancia de la posición de Eucken. Recordemos que los economistas vinculados a Eucken se atrevieron a expulsar como rector de la Universidad de Friburgo a un filósofo tan célebre como Heidegger, por sus vinculaciones políticas con el régimen nacionalsocialista, en pleno mando de Hiltler, y a defender la economía libre de mercado. Existe otra influencia en la Constitución vinculada con planteamientos de la iglesia católica y recogidos posteriormente en la Constitución de 1978. Concretamente se relacionan con lo que enseñaba la denominada ley de King, expuesta por primera vez en 1696 para el trigo. Ahí está la raíz del artículo 130 de la Constitución de 1978, pero su precedente se debe a José Larraz, y concretamente a sus aportaciones en cursos universitarios y publicaciones diversas en 1935, que indicaron, por primera vez, la necesidad de este tipo de actuación, y que acabaron por dar nacimiento en 1937 al Servicio Nacional del Trigo. Todo lo indicado hasta aquí se albergaba en ese modelo que se suele denominar de economía social de mercado, y es lo que nos encontramos recogido en la Constitución de 1978.