El Ministerio de Transición Ecológica está trabajando en la ley de Cambio Climático y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. El borrador de este último documento debe ser entregado a la Unión Europea antes del próximo 31 de diciembre. Según indica el secretario de estado de Energía, José Domínguez Abascal, los objetivos que marca el Gobierno en el horizonte 2030 son: reducir en un 20 por ciento las emisiones que se producían en 1990; alcanzar un 35 por ciento de energía final con fuentes renovables y mejorar la eficiencia energética en un 32 por ciento. Para ello, debe incrementarse en 50 GW la generación de energía eléctrica renovable (eólica y solar), hacer limpia la electricidad a través de la electrificación y cerrar en un plazo corto de tiempo las centrales de carbón, "de una manera natural y coordinada con todos los agentes implicados". Con relación al futuro de la energía nuclear, para el secretario de Estado de Energía es necesario tener en cuenta la seguridad de suministro que aportan las nucleares, su efecto positivo en la reducción de emisiones y la seguridad en la gestión de los residuos que se generen como cuestiones clave para proyectar un desmantelamiento que será escalonado y progresivo. Del mismo modo, señala que deberá hacerse de manera coordinada con las eléctricas, Red Eléctrica de España, Enresa y el organismo regulador. "Hay que establecer una senda de cierre, porque la incertidumbre no es buena para la seguridad", ha afirmado. El sector eléctrico emite 60 millones de toneladas de CO2 al año, por lo que si se tuviera que cubrir la producción de energía de estas centrales, que asciende a 56 TWh, las emisiones resultantes podrían llegar a alcanzar los 22 millones de toneladas. Greenpeace, por su parte, indicó ayer que tanto la ley como el Plan Nacional de Energía y Clima debe establecer un calendario para el abandono de todas las energías sucias y su sustitución por energías renovables, con participación de la ciudadanía, de forma que las centrales nucleares se cierren a medida que vayan finalizando sus actuales licencias de explotación y se establezca el año 2025 como fecha límite para el cierre de las centrales térmicas de carbón. El Gobierno, no obstante, ha paralizado la puesta en marcha de un Almacén Temporal de Combustible nuclear lo que complica o al menos encarece el cierre.