Abre un expediente a sus directivos, pero lo suspende por el caso judicial abiertoLa CNMV acusó ayer al Popular de haber suministrado y publicado las cuentas anuales de 2016 con información financiera que contenía "datos inexactos" o "no veraces". La Comisión Ejecutiva del organismo regulador ante tales hechos decidió abrir el pasado 11 de octubre un expediente sancionador por una infracción muy grave tanto a la entidad como a sus máximos responsables en ese momento, es decir, a su presidente Ángel Ron; el consejero delegado, Pedro Larena; al director financiero, Javier Moreno; al consejero ejecutivo Francisco Aparicio Valls, y a los miembros de su Comisión de Auditoría. Este órgano estaba compuesto por Roberto Higuera, un histórico de la casa; José María Arias Mosquera, expresidente del Pastor; y Jorge Oroviogoicoechea, otra de las personalidades tradicionales del banco. Aún así, la CNMV aclara que el expediente quedó suspendido de tramitación ya que los mismos hechos están siendo investigados en un proceso penal por parte de la Audiencia Nacional. De hecho, toda la excúpula del banco está imputada por la caída del Popular en junio de 2017. Ajustes de Saracho La decisión del Comité Ejecutivo del organismo regulador de los mercados se refiere a la comunicación que hizo la propia entidad en abril de 2017 bajo la presidencia ya de Emilio Saracho poco después de acceder al cargo. En dicha información el banco introducía ajustes de hasta 630 millones sobre las cuentas auditadas que se habían presentado semanas antes por los anteriores directivos. Tras una revisión, el Popular calculaba entonces que tendría que llevar a cabo deterioros de entre 500 y 550 millones en su balance, y que estos los haría en el primer semestre de este año, por lo que no era necesario reformular las cuentas de 2016. Horas después de que anunciara este ajuste, el consejero delegado Pedro Larena presentó su dimisión. Estas modificaciones se produjeron en plena búsqueda de alternativas por parte de la entidad para evitar su hundimiento. Las diferentes opciones abiertas, entre las que se encontraba un comprador, no fructificaron ante la situación de debilidad por la que atravesaba y por la fuga de depósitos que sufrió en los meses posteriores. A principios de junio el Popular tuvo que ser intervenido por las autoridades comunitarias y vendido de manera inmediata al Santander. Este proceso supuso pérdidas totales para los accionistas y para los inversores de bonos, que en la actualidad intentan recuperar el dinero en los tribunales. La acusación de la CNMV puede ser clave para estos procedimientos, al igual que para el que se enfrenta la antigua cúpula por la vía penal. El regulador aclara que sus valoraciones no prejuzgan el resultado final del expediente, una vez se reabra.