Autonomías y Ayuntamientos decidirán a partir de 2022 si recortan el número de licencias Desde hoy los gobiernos regionales podrán regular horarios, precios y fórmulas de servicio El Ministerio de Fomento blinda durante cuatro años las licencias urbanas de VTC para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado, pero a partir de ese periodo se limpia las manos y deja la regulación de estos vehículos en manos de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, que podrán reducir el número de licencias si así lo consideran necesario, ya que serán los nuevos encargados de establecer el ratio de VTC frente al taxi. Con esta medida el Ejecutivo atiende a la petición de este gremio de limitar las VTC, que actualmente superan la proporción que establece la Ley y que fija que no se supere el ratio de una VTC por cada 30 taxis. Esta nueva medida, que se incluye dentro del Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros, genera por tanto una situación de incertidumbre absoluta para los actuales propietarios de VTC, que necesitarán solicitar las permisos de nuevo a partir de 2021. Así, a finales de ese año las licencias nacionales de carácter urbano caducarán, quedando únicamente habilitadas para trayectos interurbanos, y serán las autonomías las que decidan si estos vehículos pueden circular también dentro de las ciudades. Según fuentes de Fomento, se establece este periodo transitorio que se contempla como indemnizatorio y que supone una compensación en tiempo en lugar de económica. Con esta medida el Estado se evita el pago de numerosas indemnizaciones, ya que expropiar cada autorización de VTC de manera inmediata supondría como máximo una factura de 215.700 euros, según un informe elaborado por la consultora EY. "Según nuestros cálculos cuatro años es el tiempo necesario para que los propietarios de VTC amorticen sus inversiones, por lo que ya no habría responsabilidad patrimonial para las administraciones", apuntan fuentes de Fomento, si bien, el titular de la cartera, José Luís Ábalos, aseguró tras el Consejo de Ministros que "es consciente de que llegarán demandas, a pesar de que todo el Decreto está jurídicamente muy bien blindado". La nueva norma, de hecho, establece que si el titular de una autorización estima que el período de recuperación de la inversión realizada es superior a cuatro años podrá solicitar una indemnización complementaria que siempre será temporal y solo excepcionalmente la ampliación podrá ser superior a dos años, contados a partir de la finalización del plazo de cuatro años. El ministro destacó también que con la medida presentada ni las VTC ni el sector del taxi "podrán decir que han ganado" dado que, según asegura, "los dos quedarán en la misma situación". "Es un conflicto con muchos intereses y el Gobierno no ha caído en ninguno concreto", afirmó Ábalos, para quien la prueba de que ha actuado con "racionalidad y objetividad" reside en que la moratoria "a unos les parecerá muy poco tiempo y a otros un mundo". Este periodo de cuatro años entra en vigor a partir de hoy para las casi 11.000 licencias estatales de VTC que están activas actualmente. Asimismo, las casi 9.000 que están pendientes de su aprobación o se encuentran en procesos judiciales disfrutarán también de este periodo de blindaje a partir de un mes después desde su entrada en vigor. Nuevas condiciones La nueva norma presentada ayer habilita también, y en este caso de forma inmediata, a las Comunidades Autónomas a modificar las condiciones de explotación de VTC, lo que significa que podrán regular tanto el precio como los horarios obligatorios, días de libranza, así como el modo de captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, así como especificaciones técnicas del turismo, tal y como hacen ya con los taxis. De este modo, los ayuntamientos que cuenten con la potestad delegada de las autonomías podrán aplicar a partir de ahora limitaciones a la actividad de las VTC. En el caso del precio, fuentes de Fomento apuntan que la tendencia en el sector a nivel global tiende a la flexibilización más que a la rigidez, por lo que podría darse el caso de que las tarifas de los taxis se aproximen más a las actuales de VTC, que se establecen en base a momentos de alta y baja demanda. Por otro lado, el Consejo de Ministros autorizó la tramitación por vía de urgencia de un anteproyecto de Ley para la modificación del régimen sancionador establecido por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las nuevas condiciones de prestación de los servicios de VTC y añadir tres nuevos tipos de sanciones. En diciembre comenzará a funcionar una web en la que se deben registrar todos los viajes que realizan las VTC para controlar que se cumple la regla del 80/20 y que establece que cada vehículo puede prestar el 20 por ciento de los servicios en una comunidad en la que no ha obtenido licencia. Según denuncian los taxistas, muchas VTC no la cumplen y adquieren las licencias en pequeñas CCAA y luego van a prestar servicios en Barcelona o en Madrid. Esa web también se encargada de vigilar que no se capte a los clientes de forma irregular, es decir, no solicitada a través de la aplicación. Según denuncian los taxistas este tipo de prácticas es muy común en los puntos de máxima concentración de usuarios como las estaciones de tren, aeropuertos, hoteles o eventos. Además, se establece que la acumulación de cinco sanciones firmes puede conllevar la retirada de la licencia de actividad. Reacciones Unauto, la patronal que representa al 90 por ciento del sector de VTC en España, considera que la nueva norma muestra que el Ejecutivo "cede claramente al chantaje del sector del taxi", al tiempo que insiste en que pone en riesgo a los 15.000 empleos del sector en España. Para la asociación, la regulación es un "Decreto lío" que, en vez de resolver la guerra entre los VTC y el taxi, "la potenciará y la multiplicará por 17", en referencia al traspaso de la gestión de su servicio a las comunidades autónomas. Además, augura que "sembrará de inseguridad jurídica a los autónomos y los trabajadores de las plataformas de VTC", indicó en un comunicado. Por su parte, distintas asociaciones de taxistas muestran a este medio su satisfacción ante la nueva medida. "Aunque la moratoria no nos gusta es la parte contraria de la negociación y a partir de hoy tenemos en nuestras manos muchos mecanismos para intentar que no se alcancen esos cuatro años mediante regulación". Por otro lado, el PP ha acusado a Ábalos de "dispersar, repartir y alejar el problema entre el taxi y los VTC a ayuntamientos y comunidades sin hablar con ellos. Ésta no es la solución".