Licita el contrato de conservación de la AP-1 por 13 millonesEl Ministerio de Fomento financiará los costes de conservación y mantenimiento de las autopistas que vencerán su plazo de concesión en los próximos años con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Nos hemos decantado por el modelo de conservación integral", subrayó ayer el ministro José Luis Ábalos en relación al primero de los contratos que revertirá a la Administración, la AP-1 entre Burgos y Armiñón, el próximo 30 de noviembre. Para ello, su departamento licitará un nuevo contrato para el periodo 2019-2020 por un importe de 13 millones de euros. El Gobierno refrenda así su decisión de levantar las barreras de aquellas autopistas de pago cuyos contratos expiran en los próximos años: la AP-1, Aumar y Acesa. El ministro aseguró en el Congreso de los Diputados que se ha establecido una agenda para abordar los procesos con los gobiernos de aquellas comunidades autónomas por las que circulan estas vías. Se trata de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León y la Diputación Foral de Álava. El Ministerio ya tiene listo el pliego de la conservación de la AP-1 y en próximas fechas el Consejo de Ministros lo aprobará, según avanzó Ábalos. Para el primer año, 2019, el presupuesto base de licitación asciende a 7,2 millones de euros e incluye una partida de 1,4 millones para el desmantelamiento de los peajes. En 2020, se limita a 5,8 millones. El contrato será extensible por tres años, según explican fuentes conocedoras. La idea del Gobierno es que la AP-1 regresará al sector privado dentro unos años, aunque en todo caso seguirá siendo gratuita. Así, la intención de Ábalos y su equipo es incluir las obras de construcción del tercer carril de la autopista dentro del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que se rige bajo el modelo de pago por disponibilidad. De este modo, una vez se ejecuten dichas obras, para las que se estima una inversión superior a los 300 millones de euros, las empresas adjudicatarias se harán cargo de la conservación de la vía y, en consecuencia, los costes ya no será asumidos por el Estado. Fomento ya ha mantenido una reunión con los representantes de los trabajadores de la AP-1, gestionada por Itínere. La pretensión es que los empleados que se dedican a la conservación mantengan su puesto de trabajo bajo el cobijo del Ministerio, mientras que para el resto se busca una solución.