Un año después de la resolución del Popular, el desarrollo de las investigaciones y las distintas informaciones que se han adherido a la causa ponen un mayor foco sobre la gestión de Ángel Ron que de Emilio Saracho. El exbanquero afronta, junto al resto de su consejo de administración, en la causa penal que instruye la Audiencia Nacional un presunto delito de falsedad contable por los estados financieros que el banco llevó a la ampliación de capital de 2016. No obstante, ahora también están bajo cuestión las cuentas que acompañaron la ampliación de capital de 2012, por las que ya hay más de un centenar de demandas por la vía civil. Además, el informe de la Agencia Tributaria sobre la presunta ocultación de pérdidas a través de un entramado opaco en Luxemburgo también se centra en el periodo de Ron al frente del banco, concretamente desde 2011 a 2016. Finalmente, las actas de los últimos consejos de administración celebrados los días previos a su resolución, reflejan que la entidad estuvo años contabilizando mal el valor de sus activos improductivos. Por su parte, Emilio Saracho se enfrenta al presunto delito de administración desleal. El último presidente del Popular antes de su resolución solicitó al magistrado el archivo de parte de la causa que se instruye contra él. Concretamente, Saracho pidió el cierre de la investigación que gira en torno al presunto delito de manipulación del mercado que se enmarca dentro de la administración desleal. "Maniobras especulativas" Varios afectados denunciaron en su día ante la Audiencia Nacional que en el seno de la cúpula del banco hubo "maniobras especulativas orquestadas" por el entonces presidente y el inversor mexicano Antonio del Valle para hacer bajar el valor del precio de la acción en beneficio propio. Incluso llegaron a indicar que el propio Saracho era un "caballo de Troya" que "movió hilos" para beneficiar que el Santander se quedara con el Popular. El juez Andreu rechazó la semana pasada la petición de Saracho, según informan fuentes jurídicas.