La Junta alega que pretende acelerar la salida de los residuosLa Junta de Castilla y León aprobó ayer un impuesto por el almacenamiento temporal de los residuos radiactivos de la central nuclear de Garoña, con la que se prevé recaudar 10 millones de euros. La medida supone dar cumplimiento a la resolución adoptada por las Cortes de Castilla y León el 6 de septiembre de 2017, en la que se instaba al Gobierno autonómico a gravar a la central nuclear después de que la empresa propietaria de la central, Nuclenor, decidiese unos meses antes no continuar con la actividad de la planta, inactiva desde el año 2012 . Ahora, el Ejecutivo regional pretende con este impuesto que se "minimice" el tiempo de permanencia de los residuos en la Comunidad, según aseguró la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, por su potencial peligro para el medio ambiente y la salud de las personas. El proyecto de ley en el que se regula el impuesto, que se remitirá de inmediato a las Cortes para su tramitación parlamentaria, fija la cuota tributaria en 4.000 euros por cada elemento combustible gastado y almacenado. En el caso de Garoña, la aplicación de esta tarifa se traducirá en una recaudación estimada de 10 millones de euros anuales.