Si el Gobierno devuelve finalmente la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, uno de los países con los que tendrá más problemas para controlar esta atención será Marruecos. El Convenio Bilateral de Seguridad Social establecido con el reino alauita es especialmente gravoso para España. Ya un informe de 2012 del Tribunal de Cuentas sobre la Gestión de las Prestaciones de Asistencia Sanitaria alertaba de fraudes habituales en este convenio. El informe alertaba sobre el hecho de que ciudadanos marroquíes declarados oficialmente sin recursos económicos suficientes residan habitualmente en sus Estados de origen, pero sigan manteniendo la tarjeta sanitaria individual española, emitidas por las comunidades autónomas para recibir prestaciones en los centros y establecimientos sanitarios cuando regresen a España. De esta forma, "ciudadanos marroquíes pueden recibir asistencia en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, dado que al no existir un adecuado control sobre este colectivo, cuando abandonan España, las comunidades autónomas no anulan la tarjeta sanitaria individual que emitieron a su favor", aseguraba el Tribunal de Cuentas. Este tipo de fraude es el que llevó al Gobierno de Rajoy a dar asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares solo en urgencias y embarazadas, pero no concederles tarjeta sanitaria.