El juez pide una multa para Fernández Sousa de 22 millones por estafa y falsedad contableEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decretado apertura de juicio oral contra la antigua cúpula de Pescanova, solicitando hasta 31 años de cárcel y una multa de 22 millones de euros para su expresidente y antiguo accionista de referencia, Manuel Fernández de Sousa-Faro. El magistrado le atribuye a él y a varios de los integrantes de la antigua cúpula directiva de la compañía delitos continuados de falseamiento de cuentas anuales, falsedad en documento mercantil, estafa e insolvencia punible. Fernández de Sousa ha acabado arrastrando a toda su familia en la presunta estafa. Así, Pablo Fernández Andrade, su hijo mayor, se enfrenta a 10 años y medio de prisión; los mismos que el juez solicita también para su hermano y antiguo consejero de la compañía, Fernando Fernández de Sousa. Para su mujer, Rosario Andrade, que como él está acusada de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, la condena solicitada se eleva hasta los seis años. En un auto fechado el 11 de junio y difundido ayer, De la Mata ordena sentar en el banquillo en total a 19 personas físicas -hay además acusadas 12 personas jurídicas- la mayoría antiguos directivos de la pesquera o de sus filiales, solicitando penas que llegan a un máximo de 13 años de prisión. Para la empresa matriz, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 solicita una multa superior a los 348 millones de euros por los delitos de falseamiento de información económica, estafa e insolvencia punible mientras que a BDO, la firma auditora, se le fija 45 millones de euros en concepto de responsabilidad civil y subsidiariamente respecto de su socio auditor, Santiago Sañé Figueras, 161 millones de euros. Fernández de Sousa creó un extenso holding con más de 40 sociedades participadas, que sacudió a los mercados en 2013 cuando se destapó que había ocultado una deuda millonaria a través de sociedades interpuestas, que terminó en un procedimiento de insolvencia y la suspensión de sus gestores. La empresa fue refundada tras tomar el control la banca acreedora - La Caixa, Sabadell, Banco Popular, Abanca, BBVA, Bankia, Ubi, HSBC y SVP - pasándose a llamar Nueva Pescanova. La antigua compañía, que continúa cotizando en bolsa, ha quedado reducida a una sociedad de cartera cuyo principal activo es su participación en la pesquera, de la que controla un 1,65 por ciento tras una ampliación de capital que diluyó su participación. En un hecho relevante, Pescanova señaló que recurrirá el auto que le reclama 951 millones de euros en concepto de multas que se le podrían imponer o para garantizar la responsabilidad civil. La firma también argumentó que sus asesores legales consideran que en caso de ser condenada, habría que aplicar las quitas correspondientes y los acuerdos por los que se fundó Nueva Pescanova, que, a su juicio, también tendría que hacerse cargo de las consecuencias económicas de una hipotética sentencia, algo que ésta última negó contundemente.