El empresario lleva a los tribunales a la constructora a una semana de la juntaBeta Asociados, el vehículo de José Moreno Carretero a través del que controla el 4,56 por ciento de Sacyr de forma directa y el 16,1 por ciento de manera indirecta, ha presentado una demanda de impugnación ante el Juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid contra la constructora por la modificación del reglamento del consejo que limita a los consejeros a utilizar derivados para evitar el efecto tapón que ejercen estos productos en la evolución de la cotización. Este cambio, aprobado por el consejo el 26 de abril, obliga a cualquier consejero a obtener la autorización del órgano de gobierno previamente para poder realizar este tipo de operaciones. Moreno Carretero cuenta en la actualidad con dos collar por el 9,67 por ciento y una opción put por el 1,93 por ciento que vence en septiembre. Ayer, el empresario, dueño de la constructora Altec, informó de que acudirá a la junta del 7 de junio con los derechos representativos del 12,566 por ciento del capital, sobre el 14,27 por ciento que podía sumar. De este modo, ha recuperado para la asamblea, en la que ha añadido varios puntos en el orden del día que muestran su disconformidad con la política de gobierno corporativo y de remuneraciones de la empresa, un 7 por ciento de las acciones en poder de Citibank . En un comunicado, Beta consideró ayer que la modificación de los estatutos pretende que los consejeros no puedan comprar o vender libremente acciones de Sacyr si no obtienen previamente de la Sociedad una "autorización previa y discrecional", lo que afecta a "la transparencia y Buen Gobierno de la compañía y es contradictoria con el régimen de libre negociación y notificación a posteriori previsto en el Reglamento EU 596/2014 y en la Ley del Mercado de Valores". Además, la nueva autorización previa "no está sujeta a plazos máximos de respuesta, por lo que se puede prolongar indefinidamente en grave perjuicio del consejero". Por ello, se justifica, Beta Asociados "se ha visto forzada a presentar, como única alternativa, una demanda en defensa de la integridad del estatuto jurídico del consejero y del accionista de Sacyr y del Buen Gobierno corporativo". La demanda sostiene, a su juicio, que este nuevo reglamento es "claramente ilegal y contrario a derecho" e "introduce una gran incertidumbre e inseguridad jurídica al consejero afectado, que se ve expuesto a posibles interpretaciones arbitrarias por parte de la mayoría en el consejo de administración". Recientemente, Demetrio Carceller, accionista de referencia de Sacyr a través de Disa, anunció la intención de comprar hasta el 5,5 por ciento del grupo con derivados. Para ello, recibió la autorización del consejo.