El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto que restablece la tramitación de las instalaciones gasistas paralizadas desde el año 2012, entre las que se encuentra la regasificadora de El Musel (Gijón), que le exigió a Enagás una inversión de 380 millones de euros. Sin embargo, la nueva norma, aunque permita a las instalaciones -que operan de forma regulada- culminar la tramitación, incluye un procedimiento para evaluar si su entrada en servicio es necesaria para el sistema, es decir, si hay demanda para ellas, lo que condicionará su operación. Y ese es otro de los aspectos que contempla el decreto, puesto que persigue aumentar la utilización de las infraestructuras gasistas, de modo que haya más ingresos por peajes y baje la factura final de los consumidores. Por un lado, establece un peaje para que el biogás se inyecte en las redes. Se trata de algo marginal, ya que solo la planta del vertedero de Valdemingómez (Madrid) lo hace en la actualidad, pero el sector cree que tiene proyección por sus ventajas ambientales. Gas para embarcaciones Y por otro lado, mucho más importante, crea un peaje para que los puertos y las plantas de gas natural licuado suministren el combustible a las embarcaciones, sobre todo grandes cruceros y cargueros. Esto permitirá el desarrollo de un negocio incipiente, porque el 95 por ciento del transporte de mercancías por mar consume fuel y debe abandonarlo por imperativo climático. El decreto asimismo incluye disposiciones para inhabilitar las comercializadoras fraudulentas y proteger a los consumidores afectados por sus malas prácticas.