Desestima las medidas cautelares solicitadas por la plataforma norteamericana Primer varapalo judicial a Uber en su guerra contra el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministro de diciembre de 2017 que busca frenar el transporte de pasajeros con conductor (VTC) en favor del taxi. El Tribunal Supremo, que admitió a trámite en marzo el recurso presentado por la plataforma contra la normativa, acaba de desestimar las medidas cautelares solicitadas por ésta para evitar que el Decreto entre en funcionamiento. Así, el Alto Tribunal rechaza que limitar la compraventa de licencias durante dos años y crear un registro para los servicios de las VTC vaya a tener "consecuencias económicas de irreversible o difícil reparación" o que vayan a "perjudicar más al consumidor que no cumplirlas". "La medida cautelar que solicita la representación de Uber debe ser denegada. No cabe afirmar que la ejecución del Real Decreto impugnado en los dos puntos a que se refiere este incidente cautelar pueda causar a Uber perjuicios de difícil o imposible reparación ni que como consecuencia de tal ejecución el recurso pueda perder su finalidad legítima", asegura el Supremo en el auto de 21 de marzo al que ha tenido acceso este diario. A su vez, el Alto Tribunal ha impuesto a la plataforma las costas del proceso que, como mucho, ascienden a 600 euros. La resolución del Supremo ha sido aplaudida por la Federación de taxistas, Fedetaxi, que está personada en la causa para defender los intereses del gremio. "Celebramos el auto del Tribunal Supremo por el que se mantiene en pleno vigor el Real Decreto 1076/2017 por lo que avala que Fomento mantenga la no transmisión de VTC durante dos años y que ponga en marcha un registro de control de los servicios", aseguran fuentes de Fedetaxi. La resolución sale a la luz poco después de que el Gobierno se negara a derogar las restricciones a la competencia contenidas en el Real Decreto, tal y como le solicitó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El superregulador anunció que denunciaría la norma ante el Supremo si el Ejecutivo se negaba "a suprimir voluntariamente las limitaciones detectadas". Y es que, Competencia ha criticado abiertamente que el Real Decreto prohiba comerciar con las licencias de VTC durante dos años. El organismo considera que esta medida "desincentiva que nuevas empresas entren en el mercado, ya que limita su capacidad de abandonarlo en ese tiempo" y contingenta la liquidez del mercado secundario de licencias. "Esto terminará repercutiendo negativamente sobre los pasajeros, usuarios de los servicios VTC", dice. El Real Decreto también ha sido impugnado ante el Alto Tribunal por parte de la patronal de VTC Unauto, cuyo recurso también ha sido admitido a trámite. Este es, al menos, el segundo frente que el Gobierno tiene abierto en el Supremo a cuenta de las VTC.