El Gobierno cree que tiene fundamento legal para seguir con la norma, pero busca más apoyoCompara la oposición de las eléctricas a la de Standard Oil al romperse el monopolio del crudoEl Ministerio de Energía quiere evitar la subida de precio de la electricidad que supondría, principalmente, el cierre de las centrales nucleares. Para ello, el departamento que dirige Álvaro Nadal, está dispuesto a seguir adelante con la tramitación del decreto que prevé regular las condiciones de cierre de las centrales eléctricas en nuestro país, pese al varapalo del informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que considera que la norma no tiene rango legal suficiente y que adolece de algunos problemas técnicos. Fuentes del Gobierno confirmaron ayer que tienen la intención de reformar el texto legal en los próximos meses para aceptar algunas de las sugerencias planteadas por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia antes de enviarlo para su revisión al Consejo de Estado, pero rechazan que la norma planteada no tenga el suficiente rango legal, un extremo sobre el que además añaden que no tiene competencias el organismo supervisor sino el Consejo de Estado que todavía no ha visto el proyecto. El Ejecutivo cree que la propuesta planteada es perfectamente legal y encaja en la Ley del sector eléctrico, aunque mostraron su interés por lograr el máximo apoyo posible por parte de la oposición, con la que se plantean volver a retomar los contactos para elevar el rango de esta norma. Por el momento, el PSOE siempre se ha negado a aceptar esta propuesta cuyo objetivo es mantener abiertas las centrales nucleares. Informe de Competencia El Gobierno quiere que los cierres de centrales eléctricas se puedan autorizar o rechazar después de realizar un informe sobre los efectos en la competencia y su repercusión en los precios que paga el consumidor así como otro sobre sus implicaciones ambientales por parte de la Oficina de Cambio Climático, aunque no queda claro si en este estudio se valorarán también los costes de gestión de los residuos nucleares. Con este sistema, los criterios para decidir no se basarán como ahora únicamente en la seguridad de suministro, sino que influirá el beneficio para el consumidor y el coste para el sistema. El Gobierno crea en este decreto una suerte de "pagos por competencia" que permite recibir ingresos adicionales a los gestores de las plantas que se quieran cerrar y sean subastadas para evitar su cierre. El Gobierno cree que el proceso se adapta a la normativa comunitaria de ayudas de Estado, ya que habrá una subasta de por medio. Fuentes del Ejecutivo además defendieron que la normativa no vulnera la seguridad jurídica y compararon la actitud de algunas eléctricas con la de Standard Oil cuando se rompió el monopolio del petróleo. La intención de Energía es trasparente: quiere impedir el cierre de las centrales nucleares, ya que considera que en este momento pueden estar en duda, tal y como ha planteado Ibedrola, el futuro de Almaraz aunque la empresa ha iniciado los primeros trámites para renovar las licencias, como adelantó esta semana este diario. El Gobierno destaca además que coincide con la CNMC en el diagnóstico de que existe un problema económico de fondo y recuerda que la normativa es neutral tecnológicamente, es decir, que no se centra solo en evitar el cierre de las centrales nucleares, sino que afectará también a cualquier otra tecnología, como el carbón, que sirva para bajar el precio de la electricidad. Energía, por su parte, incluirá también la regulación de la hibernación en esta normativa, pero apuesta por un sistema en que no se tenga que pagar. Además, en la reforma que prepara se incluirán los parámetros para denegar el cierre y se simplificará la subasta. El Ministerio ha logrado algo que parece complicado, ya que ha aunado en la oposición a esta normativa tanto a las eléctricas, como a los ecologistas, la oposición y la propia CNMC. Con la aprobación del proyecto de decreto, el Gobierno asume que podría haber un cambio de gestor en las nucleares e incluso que podría llegar a manos de gestores externos que, dependiendo del precio, podrían llegar a generar interés y descartó completamente reducir los impuestos. El Gobierno además defendió ayer que la normativa que prepara no es retroactiva, ya que abrió el periodo de consultas antes de que Iberdrola solicitara el cierre de sus centrales de carbón, una actuacón habitual en otras ramas del Gobiero para modificar normativas.