Las acusaciones piden penas de hasta diez años de cárcelLa magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, abrió ayer juicio oral contra los exdirectores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad y Dolores Amorós, por la comercialización de preferentes y deuda subordinada. Ambos serán juzgados por los presuntos delitos de estafa en concurso con publicidad engañosa y maquinación para alterar los precios de las cosas. La jueza ha dado un plazo de tres días a los acusados para presentar una fianza conjunta de 6.000 euros. La Fiscalía no ha presentado acusación en el caso, aunque las distintas acusaciones populares personadas, como Adicae, solicitan penas de ocho años de prisión por los presuntos delitos de estafa y dos años por ma- quinación para alterar los precios. Además, piden indemnizar a los perjudicados con 11 millones de euros más intereses. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detectó irregularidades en la comercialización de preferentes y subordinadas, tal y como reflejó en un informe de febrero de 2012. El regulador señaló en este documento que la información que se facilitaba a los clientes tenía "deficiencias relevantes".