La Audiencia Nacional ha planteado a las partes personadas en el proceso contencioso administrativo contra la resolución del Popular paralizar la tramitación de los recursos interpuestos hasta que se pronuncie el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE). La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso de los Juzgados Centrales considera que esperar a conocer el fallo de europa dotaría de mayor "efectividad a la tutela judicial" y evitaría incidentes que "retrasarían y complicarían" el proceso. La Audiencia Nacional ha dado así diez días de plazo para que las partes se pronuncien al respecto y decidir si congelar o no el proceso judicial. El TGUE es el órgano competente para pronunciarse sobre las decisiones que toman las distintas instituciones europeas, en este caso, la de la Junta Única de Resolución (JUR). El tribunal de Luxemburgo recibió a lo largo de este verano un centenar de recursos contra la resolución del Popular por parte de pequeños y grandes accionistas del banco, así como de diversos fondos tenedores de deuda. Los afectados también actuaron directamente contra la presidenta de la JUR, Elke König, por filtrar información los días previos a la resolución creando el pánico del mercado y por no publicar el informe de Deloitte en el que se basó la resolución. La Audiencia, que recibió 250 recursos contra la resolución del banco, ya rechazó en septiembre tomar alguna de las medidas cautelares que pidieron los recurrentes como dar marcha atrás a la resolución y a la posterior compra por parte del Santander. La Sala recordó que la decisión la había tomado una institución europea, y por tanto, sería al TGUE a quien competería tomar esa medida. Además, la Audiencia puntualizó que la marcha atrás del rescate y venta del Popular provocaría mayores daños.