Juan Bravo defiende la operación y niega que se produjera un desfalcoEl presidente de Adif, Juan Bravo, se aferra al cargo. El directivo rechazó ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, encargado de la instrucción del caso Lezo, haber cometido irregularidad alguna en su etapa como consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid cuando el Canal de Isabel II compró en 2001 la firma colombiana Inassa por 73 millones de dólares. La Fiscalía Anticorrupción mantiene que el valor de la sociedad estaba inflado y que la operación supuso al final un desfalco para las arcas públicas de 70 millones. Bravo negó sin embargo estas acusaciones ante el magistrado, aseguró que se trataba de "la mejor opción posible" e insistió en que el precio pagado estaba por debajo de las valoraciones independientes de las que disponían. Su declaración choca, sin embargo, con la del resto de imputados que han declarado hasta el momento y que mantienen que los informes que el Canal manejó en aquel momento situaban el valor de Inassa entre 25 y 50 millones de dólares. La compra de Inassa se aprobó por unanimidad de todos los miembros del consejo de administración. Sin embargo ninguno de ellos tuvo conocimiento de que se empleó una empresa panameña en la operativa (no consta en las actas del consejo) y tampoco tuvieron conocimiento de la cantidad final que se pagó, de acuerdo con fuentes de la investigación presentes en los interrogatorios. Según han informado fuentes jurídicas, tras conocer su citación como investigado, Bravo ha estado preparando durante las últimas semanas su declaración porque hace ya más de 16 años que el consejo de administración del Canal, del que formaba parte, dio el visto bueno a la compra, y no recordaba muchos detalles al respecto. El abogado del exconsejero ha explicado a la salida de la comparecencia ante el magistrado que instruye, que ha durado cerca de hora y media, que ha hecho una declaración "muy completa" y que ha contestado a todas las preguntas que se le han formulado, incluidas las de la fiscal Ana Cuenca y la acusación popular que ejerce Adade. Para el abogado de Bravo, en la adquisición de Inassa no hubo nada irregular, ni penal ni administrativamente, y ha subrayado que el proyecto se ajustó a derecho en todo momento según los dossieres con los que contaron los exconsejeros del Canal de Isabel II para dar luz verde a la operación. Además de aprobar la compra de Inassa como miembro del consejo de administración de la empresa pública de aguas, Bravo también dio su visto bueno como consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid que era en 2001, dentro del Gobierno regional que presidía entonces Alberto Ruiz-Gallardón. El actual presidente de Adif ha sido el último de los acusados en declarar ante el magistrado instructor de la trama Lezo, ya que previamente lo han hecho Miguel Ángel Saldana, Roberto Sanz y Agapito Ramos, todos ellos en calidad de exmiembros del consejo del Canal. Según han explicado al término de los interrogatorios, la operativa de adquisición de Inassa fue buena y no supuso en ningún caso un endeudamiento de la empresa pública de aguas.