Deposita 2,2 millones de los 5,2 millones fijados como garantía por el coste de la consulta de 2014 y pide 15 días de prórroga La "caja de solidaridad" impulsada por las entidades independentistas catalanas para cubrir los gastos públicos que supuso la consulta del 9 de noviembre de 2014 se ha quedado muy corta, a tenor del ingreso que hizo ayer Artur Mas en nombre de todos los implicados por el Tribunal de Cuentas. El expresidente de la Generalitat, en su nombre y en el de los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, así como de cinco funcionarios del Govern, depositó 2,2 millones de euros de los 5,25 millones que les ha reclamado el Tribunal de Cuentas de forma solidaria como fianza por haber usado fondos públicos. Además, pidió una prórroga de 15 días para hacer frente a la cantidad total, que en principio debería hacer efectiva este viernes a más tardar, informó Efe. El abogado de Mas, en representación de todos los afectados, argumentó la petición de ampliación del plazo atendiendo a "los medios económicos de los presuntos responsables", y adujo que con la aportación de este lunes se demuestra la voluntad de depositar la totalidad. Añadió que "se presentarán otros medios de garantía encaminados a la cobertura de la totalidad de la liquidación", según Ep. El letrado también aclaró que la cantidad ingresada tiene únicamente "la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente", y no tiene el carácter de reintegro, ya que todavía no hay sentencia. La semana pasada, la compañía SegurCaixa Adeslas -que la Generalitat tiene contratada como seguro de responsabilidad civil- rechazó asumir el pago de la fianza. La cifra total reclamada incluye los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de la imposición de la fianza -el 25 de septiembre-, que suponen alrededor de 400.000 euros; el coste organizativo se estima en 4,8 millones. Si los denunciados no aportan la cantidad requerida esta semana, el Tribunal de Cuentas procedería al embargo de sus bienes como implicados en la organización del 9-N.