Exige la retirada del dispositivo policial especial estatal, que Interior mantendráLa accidentada celebración del referéndum del domingo, por la manera en que se aplicaron policialmente las medidas judiciales para impedirlo, se ha convertido en la punta de lanza de la Generalitat para apelar a la implicación internacional en las aspiraciones independentistas. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, decidió protagonizar ayer la rueda de prensa posterior a una reunión extraordinaria del Govern para requerir una mediación internacional entre el Gobierno central y la Generalitat "apadrinada" por la UE, actuación que Bruselas rechaza. Defendió que el momento político que vive Cataluña "aconseja mediación, y debe ser internacional para que sea eficaz. Se debe restablecer la normalidad institucional alterada por decisiones desproporcionadas del Gobierno español. Se debe poner fin a la violencia policial y a la restricción de libertades, y se debe crear un clima de distensión" a través de la mediación. Como ya dijo la noche del domingo, argumentó que Europa no puede mirar hacia otro lado, porque no se trata de un asunto interno -como siguen manteniendo desde los organismos comunitarios- , sino referente a la "vulneración de derechos fundamentales" de los ciudadanos. Reconoció que "seguramente, institucionalmente, la UE no puede" asumir directamente el rol de mediador, pero sí lo debe "apadrinar", porque si la mediación no cuenta con el beneplácito europeo "difícilmente" el Gobierno central podría sentirse invitado a formar parte. Puigdemont no quiso dar nombres de posibles mediadores, pero hizo referencia genérica a entidades expertas en libertad y derechos humanos, o de entidades regionales. "Nos es igual", sostuvo, si bien apuntó que la Generalitat quiere un diálogo sin condiciones previas. En este sentido, el Gobierno catalán sigue adelante con la hoja de ruta marcada por la Ley del Referéndum, pese a estar suspendida por el Tribunal Constitucional (TC). Ello supone, tras la mayoría de 'sí' el 1-O, pasar el relevo del Govern al Parlament y "dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por la Sindicatura Electoral, celebrar una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y acordar el inicio del proceso constitu- yente". El president aseveró que "el Parlament debe aplicar la Ley del Referéndum y por tanto tomar decisiones políticas al respecto", y apostilló que, tras el triunfo del 'sí' con un 90 por ciento de los votos según los datos provisionales, "la única convocatoria electoral prevista ahora en el calendario es la de elecciones constituyentes" para avanzar hacia la República catalana. En cualquier caso, admitió que no esperan "reconocimientos inmediatos" internacionales de la secesión: "ni es una ciencia exacta, ni tiene ningún automatismo, pero empieza, arranca, y es un itinerario que queremos recorrer". Denuncia al Estado En paralelo al llamamiento a la mediación internacional, Puigdemont anunció otros acuerdos del Govern que no son facilitadores de un acercamiento al Ejecutivo central, ya que la Generalitat emprenderá "todas las acciones legales, hasta las últimas consecuencias" contra los agentes, mandos y "responsables o irresponsables políticos" que ordenaron las cargas policiales para impedir el referéndum. También creará una comisión especial de investigación sobre la "violación de los derechos fundamentales que se hayan podido producir". Asimismo, el presidente de la Generalitat exigió "retirar el dispositivo policial desplazado" especialmente para evitar el 1-O con agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, cuerpos a los que reprochó "actuaciones impropias de las fuerzas del orden". Criticó el coste de esta operación, y argumentó que ya no tiene sentido porque el referéndum ya se ha celebrado. "El problema de alteración del orden público ha quedado claro que lo han provocado ellos", apostilló. Sin embargo, los planes del Ministerio del Interior no parecen coincidir con los deseos de la Generalitat. El ministro, Juan Ignacio Zoido, afirmó ayer que el dispositivo especial se mantendrá "mientras sea necesario". Eso puede suponer la menos una semana más, dadas las convocatorias de paro de país hoy en rechazo a la actuación policial del domingo, y de huelga general, desde hoy hasta el 13 de octubre, -convocada por los sindicatos minoritarios CGT, CGT, Intersindical CSC, COS e IAC-. Zoido consideró que los cuerpos de seguridad estatales hicieron lo que debían hacer, que era dar cumplimiento a las órdenes judiciales de impedir el uso de centros públicos para el referéndum y de requisar el material electoral, y que fue otro cuerpo el que "desafió" la legalidad.