Adelanta el fin de un contrato para evitar depender de funcionarios estatalesLa Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) dio ayer un paso clave con el objetivo de llegar al referéndum sobre la independencia asumiendo directamente todas las competencias que le permite el marco autonómico y estatutario actual en materia de gestión de los tributos cedidos. Pese a las peticiones recurrentes de la Generalitat durante décadas reclamando más autogobierno y capacidad de gestión de los impuestos que pagan los catalanes, hasta ayer tenía externalizada en manos de funcionarios del Estado la liquidación y recaudación de los impuestos ya cedidos que más ingresos reportan: el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y el de sucesiones y donaciones. Los registradores de la propiedad actuaban como oficinas liquidadoras con 277 empleados, de los que la Agencia Tributaria de Cataluña ha incorporado a 220 como personal interino, tras pasar unas pruebas de selección. Muchos han pedido la excedencia en las empresas de los registradores para poder volver si la aventura de la Hacienda propia catalana no saliese bien. El contrato vigente con los registradores vencía el 31 de octubre, pero los planes independentistas de JxSí hicieron que el Ejecutivo catalán avanzase dos meses su finalización para asegurarse la gestión directa de todos los impuestos cedidos antes del referéndum previsto para el 1 de octubre. Esta medida unilateral llevó a los registradores a presentar una demanda contencioso-administrativa contra la Agencia Tributaria de Cataluña por incumplir el convenio, que está pendiente de resolución. El trabajo que hacían 53 oficinas liquidadoras de los registradores de la propiedad lo deberán asumir ahora 32 oficinas de la Generalitat: 19 propias (las cuatro delegaciones provinciales de la ATC más 15 oficinas territoriales) y otras 13 compartidas con entes locales. A ellas se suman los puntos de atención de la red Tributs de Catalunya, en alianza con las diputaciones. El lunes abrirán al público las 14 oficinas pendientes del total de 15 locales territoriales de la ATC, que acabó 2016 con unos 400 trabajadores y ahora tiene 700, mientras que para fin de año quiere llegar a 800. Los convenios con los registradores de la propiedad tuvieron un coste para la Generalitat de 27,5 millones de euros en 2016, y la ATC ya asumió el 1 de enero otra tarea que hasta entonces tenía también encargada a los registradores: la grabación y digitalización de documentación fiscal. Entonces incorporó a 15 trabajadores de los antiguos empleados como interinos mediante concurso con un coste de 281.024 euros. Según datos del Govern, el coste anual del despliegue territorial de la ATC es de casi 11,7 millones de euros, incluyendo los gastos de funcionamiento y de personal y la amortización de la inversión inicial de las oficinas, teniendo en cuenta que la inversión estimada para la implantación de las 15 oficinas territoriales propias de la ATC era de 6,32 millones. Recaudación ejecutiva Por otro lado, el Govern pagaba a la Administración Tributaria estatal cerca de 9,5 millones anuales por gestionarle la recaudación ejecutiva, que comprende, por ejemplo, la reclamación a los ciudadanos de deudas como multas de tráfico pendientes, además de otros impuestos impagados. Pero la Generalitat también ha decidido asumir directamente esta competencia que ya tenía, pero que no ejercía aduciendo falta de medios. En febrero, la ATC firmó un convenio con el Servei Català de Trànsit (SCT) para encargarse de reclamar las multas impagadas de manera "gradual", en vez de dejarlo en manos de la Hacienda estatal. A partir de septiembre, la ATC pretendía asumir la recaudación por vía ejecutiva de todas las deudas. Autoliquidaciones 'online' Para reducir costes y necesidades de estructura, el Ejecutivo de Carles Puigdemont también quiere aumentar el número de autoliquidaciones de impuestos que se presentan de manera telemática, para lo que está mejorando la infraestructura informática con el objetivo de que todas las presentadas por profesionales (el 70 por ciento) se presenten online (a finales de 2016 eran el 33 por ciento). El Govern calcula que la asunción de todas sus competencias tributarias y la gestión integrada conllevará un ahorro de entre 17 y 20 millones anuales para la Administración catalana. En 2016, la ATC ingresó 2.880 millones de euros de sus impuestos gestionados, un 5,93 por ciento más que en 2015, y con un peso del 14,75 por ciento del total. El impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados supuso 1.652,9 millones (+12,14 por ciento) y el impuesto sobre sucesiones y donaciones disminuyó un 4,1 por ciento, hasta 464,6 millones.