El Tribunal de la UE analizará la demanda presentada por la OCU contra la resolución y venta del banco en junioEl Tribunal Europeo de Justicia ha admitido a trámite el primer recurso de anulación del plan de rescate del Popular adoptado por la Junta Única de Resolución. En concreto, la Corte comunitaria ha decidido investigar cualquier responsabilidad por las pérdidas que ocasionó el proyecto de recapitalización del banco en bonistas y accionistas. El recurso que admitido a trámite para su análisis es el presentado por Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en representación de pequeños inversores, a principios de agosto, una iniciativa que ha sido secundada por otras instituciones y grandes socios de la entidad que fue adjudicada al Santander por un euro en junio. La OCU, en un comunicado, indicó ayer que se muestra muy satisfecha con la admisión de su demanda, ya que supone, a su juicio, "un paso más para conseguir que los pequeños inversores y accionistas minoritarios que perdieron toda su inversión recuperen su dinero, así como una compensación por el perjuicio sufrido". Se espera que en las próximas semanas el tribunal de la UE admita otros recursos interpuestos este verano. Además, hay otra serie de demandas en España, entre ellas, una también de la OCU en la Audiencia Nacional contra la excúpula directiva del Popular, que ya fue en su día admitida por el tribunal de nuestro país. La OCU puso en marcha una plataforma con el fin de que los afectados pudieran defenderse de manera colectiva. Hasta el momento, según sus datos, ya se han puesto en contacto más de 19.000 particulares que sufrieron minusvalías por el rescate del que fuera el sexto mayor banco español. La práctica totalidad de las denuncias y peticiones de anulación de la resolución del Popular reclaman a Bruselas el expediente completo que determinó la amortización total de las acciones, los bonos convertibles y la deuda subordinada de la entidad tras determinar que era inviable por problemas de liquidez y por falta, también de solvencia, para afrontar el futuro. Las autoridades rechazan la publicación del documento entero que propició la caída y posterior venta del Popular por cuestiones de confidencialidad. Entre la documentación que no quiere sacar a la luz está el informe que elaboró Deloitte, en el que se aseguraba que en el peor escenario el grupo financiero necesitaba unos 8.000 millones para elevar sus ratios de capital y seguir en solitario.