Critican que mientras defendía su solvencia, retiraba depósitosUn grupo de accionistas minoritarios e institucionales del banco Popular representados por el despacho Cremades & Asociados estudian pedir responsabilidad patrimonial al Estado por la resolución de la entidad y su venta al Santander. El bufete, encabezado por Bernardo Cremades Jr., considera que han existido una serie de irregularidades en el proceso que llevó a la resolución del Popular puesto que, tanto el Gobierno como el Banco de España defendieron la solvencia de la entidad a la par que varias administraciones públicas estaban retirando depósitos. Por tanto, el despacho ve motivos más que suficientes para solicitar una indemnización al Estado. Además, recuerdan que a la par que determinadas administraciones retiraban liquidez, el organismo presidido por Luis María Linde no extendió las líneas de liquidez de emergencia (ELA, según sus siglas en inglés). Los accionistas tienen un plazo de un año desde la intervención del Popular para demandar al Estado. Cremades & Asociados ya ha presentado también un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que busca anular la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) e interpondrá antes del 7 de septiembre un recurso ante la Audiencia Nacional contra el Frob por ejecutar la decisión de la JUR. Nace la primera asociación La Asociación de Afectados por la Venta del Popular, primera agrupación nacional que suma 342 miembros, ha solicitado a la Audiencia Nacional a través del despacho Sanguino la suspensión del pago de los préstamos que recibieron del propio banco para acudir a su ampliación de capital. La resolución del banco por parte de la JUR llevó a que los 300.000 accionistas del Popular perdieran toda su inversión.