El Gobierno acaba de optar por aprobar el desmantelamiento de la central de Garoña, lo que supondrá un coste para Endesa e Iberdrola del orden de 150 millones de euros en tres años más los 500 millones adicionales que asumirá Enresa durante los siete años que dure la fase de desmonte que lidera. Las electricas enfrentan el cierre definitivo de la central con sus relaciones más tensas que nunca. En Endesa no sentó bien que Ignacio Sánchez Galán aprovechara su junta en Bilbao para reivindicar el cierre de Garoña, pero, previamente, el presidente de Iberdrola había comunicado por burofax su intención en la reunión de Nuclenor del pasado 6 de abril e incluso en el consejo de marzo del año anterior. Iberdrola estaba cansada ya de unas pérdidas que ascienden a casi 360 millones desde que se decidió cerrar la planta burgalesa en 2012 y por ese motivo apoyaba su desmantelamiento. Una posición que, además, respaldó posteriormente Gas Natural Fenosa en su junta y que sirve como aviso a navegantes para las próximas renovaciones de licencias que debían pedirse antes de julio, pero cuya tramitación se ha retrasado dos años. Entre los principales problemas con los que se topan ambas empresas figuran también los diferentes plazos de amortización. Mientras Iberdrola tiene amortizada Garoña a 40 años, Endesa amplió la amortización a 50 años en octubre de 2014 aprovechando su OPV, lo que le permitió mejorar sus resultados y las previsiones para los siguientes años. La eléctrica participada por la italiana Enel cuenta a su favor con el informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), un extremo que debería ser suficiente para que el auditor le permita mantener estos años de amortización sin ningún quebranto económico más allá del que ocasionará el desmantelamiento anticipado de Garoña. Las eléctricas se resistieron durante meses a realizar unas inversiones que el CSN consideraba necesarias para dar este importante permiso, pero finalmente el organismo cambio de opinión y autorizó la reapertura sin la necesidad de acometerlas y facilitó este apunte contable. Los pasos para desmontarla En cuanto a la autorización de desmantelamiento de Garoña, ésta ha de solicitarla Enresa, la empresa encargada de llevar a cabo estas actividades, que además deberá pedir la transferencia de titularidad de la central. Antes del traspaso, se abre un periodo de predesmantelamiento en el que Nuclenor debe llevar a cabo una serie de labores requeridas. En primer lugar, debe descargar el combustible gastado almacenado en la piscina, para lo que es necesario construir un Almacén Temporal Individualizado (ATI) con capacidad suficiente para almacenar todo el combustible. En segundo lugar, Nuclenor debe haber acondicionado los residuos generados durante la explotación. No hay un plazo establecido, pero las previsiones generales estiman que el desmantelamiento se iniciaría seis años después de la parada definitiva y duraría 10 años. Una vez finalizadas las actividades de desmantelamiento y después de verificar el cumplimiento del plan de restauración del emplazamiento, el Ministerio emitirá una declaración de clausura, previo informe del CSN. Tras esta declaración de clausura, Enresa devolverá el terreno a Iberdrola y Endesa.