La planta burgalesa ha escenificado el enfrentamiento por el futuro de la energía nuclear en el paísDifícilmente José Luis Rodríguez Zapatero podía imaginar que el cierre de Garoña iba a constituir su última victoria política y que ese triunfo iba a llegar cinco años después de abandonar el poder, tras una larga y rocambolesca historia en la que la central nuclear no sólo ha sido el campo de batalla de los partidos políticos sino escenario de un largo y tenso pulso entre las compañías eléctricas y el Gobierno del PP para definir el futuro de la política nuclear. En 2009, Zapatero decidió prorrogar sólo hasta 2013 la explotación del que es el reactor más antiguo de España, pese a que el Consejo de Seguridad Nuclear había avalado su continuidad hasta 2019. El anuncio vino con ocurrencia, la construcción de un parador nacional en el burgalés Valle de Tobalina como remedio al cierre de unas instalaciones que generaban un millar de empleos directos e indirectos y con un impacto económico en la zona de 41 millones de euros anuales. Ni la fuerte oposición al cierre, pilotada por la Junta de Castilla y León, ni los recursos judiciales movieron la posición del Gobierno socialista sobre el futuro de la planta, que tuvo que enfrentarse a un nuevo inconveniente, como fue el desastre de Fukusima, que no sólo dio "alas" a los detractores de la energía nuclear sino que obligaba a acometer fuertes inversiones en seguridad para la reapertura. Fue la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno la que dio nuevas esperanzas a la continuidad. En julio de 2012, Industria, tras conseguir un informe favorable del CSN, revocó el cese de explotación en 2013, lo que permitía a Nuclenor solicitar una nueva autorización de explotación por seis años más y llegar hasta 2019. Nuevo impuesto Pero quien pensó entonces que todo había sido fruto de una pesadilla estaba equivocado. De forma sorprendente, Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola, dejó pasar en septiembre de 2012 el plazo para presentar la nueva solicitud de autorización de funcionamiento. Garoña se enfrentaba a un nuevo enemigo, la política energética del ministro José Manuel Soria. La negativa de Nuclenor a continuar con Garoña era la respuesta de las compañías eléctricas al nuevo impuesto al combustible nuclear impuesto por el PP, que hubiese supuesto un desembolso de 153 millones de euros para la central burgalesa. Soria mantuvo el pulso y denegó la solicitud de ampliación del plazo para pedir la autorización. El CSN solicitó entonces la documentación para la fase de cese de explotación de Garoña, que la empresa entregó en el mes de noviembre. A partir de este momento, se iniciaba el proceso del fin de la explotación de la planta atómica. El reactor de la central nuclear de Santa María de Garoña, que había comenzado su actividad el 2 de marzo de 1971, se desacopló de la red eléctrica el 16 de diciembre de 2012. Los responsables de la central justificaron su decisión en la inviabilidad económica por la nueva fiscalidad. Desde entonces, la planta se encuentra en situación administrativa de cese de actividad, lista para operar, pero sin producir energía y con el uranio reposando en la piscina de almacenamiento. Desde que decidiera parar su reactor, Garoña ha perdido 280 trabajadores quedando en activo 443, de los que 243 pertenecen a Nuclenor y alrededor de 200 a empresas subcontratadas. Cuando de nuevo todo parecía estar perdido, un cambio del Gobierno reavivó las esperanzas para Garoña. En octubre de 2013, el Ejecutivo anula la retroactividad del impuesto a la generación de residuos, con lo que se redujo del 30 al 20 por ciento el aumento del coste de generación de kilovatio en la central. A la vez permitió solicitar de nuevo la renovación de la licencia. Sin embargo, la gran victoria fue el cambio normativo que permitía a las centrales nucleares ampliar la vida útil de 40 a 60 años, la batalla que para muchos ha estado siempre en el trasfondo de toda esta guerra. El 27 de mayo de 2014, Nuclenor pidió renovar su autorización de explotación del reactor hasta el año 2031, cuando alcanzaría los 60 años en funcionamiento. Esta vez parecía que sí, que era la definitiva. El CSN dio vía libre en enero de 2015 a la reapertura de Garoña previo cumplimiento de nuevas inversiones en materia de seguridad. Pero entonces fueron las diferencias entre los dos socios propietarios de la central las que situaron a Garoña frente a un destino que ya trazó Zapatero. Mientras Endesa era partidaria de continuar con la actividad, Iberdrola se oponía tajantemente, alegando la inviabilidad económica. Y ése ha sido uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para poner fin a la crónica de una muerte anunciada.