Endesa exige que se garantice la operación a largo plazo de las demás centralesEl cierre definitivo de la central nuclear de Garoña ha hecho más patente que nunca las posiciones enfrentadas que mantenían desde hace más de un año Iberdrola y Endesa sobre el futuro de la instalación. Las eléctricas son las dueñas de Nuclenor, la empresa que operaba la central burgalesa, y las que se tienen que encargar de la primera etapa de su desmantelamiento. Así, la empresa que preside Ignacio Sáchez-Galán ha aplaudido la decisión del Ejecutivo, alegando que la central "no es viable económicamente". "La compañía ha defendido, desde hace más de un año y medio, el cierre de esta instalación al considerar que, aun siendo segura desde el punto de vista técnico, su continuidad era económicamente inviable", explicó la eléctrica. Por su parte, Endesa, que defendía la continuidad de la planta, ha afirmado que "respeta y asume" la decisión adoptada por el Gobierno aunque ha exigido que se garantice la continuidad del resto del parque nuclear ya que todas las centrales son seguras y "fundamentales para la transición energética". Así, la firma asegura que las centrales deben vivir más de 40 años y que la decisión tomada con Garoña no sienta ningún precedente. A su vez, la filial de Enel ha lanzado un recado a su socia en Nuclenor al asegurar que ella "siempre ha mantenido "la misma decisión coherente y constante" en el proceso. "Uno de los elementos esenciales ha sido el no desistir de la solicitud de renovación de la autorización facilitar el trabajo del Gobierno", asegura la firma. Y es que Iberdrola desistió poco después de solicitar la renovación por 17 años. Más allá de las eléctricas, todos los partidos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) han aplaudido la decisión del Ejecutivo de clausurar la planta aunque han señalado que la medida "llega tarde". En concreto, la portavoz socialista de Medio Ambiente en el Congreso, Pilar Lucio, ha señalado que "se ha perdido un tiempo precioso". Lucio ha asegurado que el PSOE ha pedido ya la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que "explique en sede parlamentaria cuáles son los planes del Gobierno sobre el alargamiento de la vida útil del resto de centrales", al tiempo que reclamarán que se "abra el diálogo y se lleve a cabo un debate" sobre el futuro energético. Por su parte, el vicepresidente de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez , aseguró que el cierre es un "error histórico" que provocará consecuencias indeseables para la competitividad empresarial, la dependencia energética y el gasto de las familias. De Santiago confesó que la Junta ha tenido la sensación de haberse quedado sola ante una decisión que atribuyó a "un capricho ideológico" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El dirigente político no ocultó su malestar con Iberdrola que todavía "no nos ha dado ninguna explicación". De Santiago reiteró que la Junta modificará el impuesto de afección medioambiental para gravar los residuos nucleares y pedirá un plan de reindustrialización. El disgusto de Castilla y León choca con la alegría del Gobierno vasco. Íñigo Urkullu se ha congratulado y ha asegurado que los vascos "vivirán ahora más seguros".