J ulián Núñez, presidente de Seopan, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructura, planteó hace unos días en Santander la necesidad de alcanzar un "pacto por las infraestructuras", porque en su opinión existe una falta de consenso político y de modelo: "Hemos tenido tres planes en 12 años [PIT, PEIT, y PITVI] que no han servido para fijar las prioridades a largo plazo en infraestructuras ni el modelo de planificación y financiación que España necesita". Las grandes constructoras consideran el pacto como un marco que contribuya a recuperar la inversión en obra pública que ha sufrido un fuerte recorte con la crisis. El reciente anuncio de Mariano Rajoy de un plan de carreteras público-privado, por valor de 5.000 millones de euros para los próximos 3-4 años supone un cierto alivio para la construcción civil. Sin embargo, en la legislatura de los pactos, el acuerdo por las infraestructuras se ha convertido en un hueso duro de roer a pesar de que una gran mayoría del arco parlamentario, y comunidades autónomas, han mostrado su disposición, incluso su deseo, de rubricar una gran alianza en esta materia. El 23 de noviembre de 2016 el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció en el Congreso su intención de alcanzar un Pacto Nacional por el Transporte y las Infraestructuras Estratégicas. De la Serna explicó que se trataría de un "pacto político, social, económico e institucional que defina la política de infraestructuras y de transporte y concrete la Red de Transporte de Interés General del país". El acuerdo debía articularse en torno a tres instrumentos: la Comisión de Fomento del Congreso, un foro institucional con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y un foro con los diferentes agentes del sector de las infraestructuras y el transporte. Anunció entonces que su ministerio elaboraría un documento de partida para iniciar el debate y facilitar el consenso. El ministro ha puesto fecha al pacto: el primer semestre del presente año, plazo cumplido sin que de momento se hayan anunciado avances. Recientemente, De la Serna ha dicho que uno de los temas que quiere someter a la negociación es el futuro de las autopistas de peaje, construidas en los setenta y ochenta del siglo pasado, que pronto volverán al Estado ante el final de la concesión. Aunque todos los partidos se muestran partidarios del pacto, se producen divergencias en la manera en que debía articularse este pacto. El ferrocarril es parte de las fricciones, pues el PP sigue apostando por concluir una gran red de AVE en toda España y, sin embargo, partidos como Podemos o Ciudadanos consideran que hay que replantearse ese objetivo e incluir las mercancías o cercanías en los objetivos de futuro. Otros puntos de desacuerdo están en el modelo de capital del gestor aeroportuario Aena o incluso la liberalización del transporte de viajeros en tren. Desde el PP arguyen que la falta de liderazgo en el PSOE ha dificultado las negociaciones. El 19 de abril Íñigo de la Serna declaró en Sevilla que "el Gobierno espera que el futuro líder o lideresa socialista se avenga a negociar un plan nacional sobre infraestructuras por el propio interés de las cinco comunidades donde gobierna". Un borrador sin fortuna Los grupos parlamentarios del PSOE y de Ciudadanos pidieron a Fomento que el futuro pacto de Estado de infraestructuras fijase claramente los criterios que deben seguir las inversiones para que se alejen de decisiones políticas. El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Fomento del Congreso, Fernando Navarro, reconoció a la Agencia Efe que Fomento había remitido a los grupos parlamentarios un borrador sobre un pacto nacional de infraestructuras con un enfoque "que no es correcto" ya que no define los criterios en los que deben basarse esas inversiones. "Es una declaración de intenciones vaga y Ciudadanos quiere que el pacto de Estado sea un punto de partida y no de llegada", afirmó. Por su parte, el portavoz socialista de Fomento en la Comisión, César Ramos, advirtió que no apoyarían ningún plan, sino un Pacto que cambie el sistema de planificación y de desarrollo actual. "No queremos hablar de planes, como ha habido hasta ahora y que luego no se pueden cumplir", declaró el diputado socialista. Y remarcó que el camino es la proposición no de ley que presentó el PSOE y pactada con PP, Unidos Podemos y Ciudadanos en octubre pasado, para instar al Gobierno a que con el consenso político y social se llegue a un pacto para definir las obras que han de ejecutarse y se cree una oficina de evaluación de planes. En varias comunidades autónomas se han abierto también procesos de negociación para fijar sus necesidades en infraestructuras. En la mayoría de los casos, con serias dificultades para alcanzar acuerdos. Además, algunos partidos matizan sus posiciones dependiendo del ámbito nacional o en cada comunidad. La Rioja es una de las comunidades que tiene abierto el debate. Asturias cerró un acuerdo en marzo, con el único apoyo de PSOE e IU en una negociación muy bronca de la que se quedaron fuera los empresarios. Dificultades que se repiten en Murcia. Mientras tanto, el nivel de inversiones en infraestructuras sigue descendiendo en España. Julián Núñez declaró que "en España destinamos 31.000 millones de euros menos que hace 10 años y la tendencia inversora parece que se mantendrá decreciente en los próximos años. Además, si nos comparamos con Europa, invertimos un 60 por ciento menos que la media de las mayores economías europeas". Desplome sin precedentes Recientemente la patronal de las grandes constructoras presentó su informe sobre los datos referidos al pasado año. En el documento denunciaba que "en 2016, la recesión del sector de la obra pública en España se ha visto seriamente agravada al experimentar un desplome sin precedentes. Respecto a 2015, la contratación de obras por el Sector Público ha caído el 32 por ciento y la licitación, por su parte, un 4 por ciento en obra civil y un 74 por ciento en concesiones. Estos datos, 3.280 millones de euros, 6.066 millones y 166 millones, respectivamente, constituyen el mínimo histórico de sus series, representando, en el caso de las contrataciones, la quinta parte de lo adjudicado en el ejercicio de 2007". En el análisis comparado que ha realizado la asociación empresarial de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, aprobados el 1 de junio, las partidas de inversiones en infraestructuras del Estado, organismos autónomos y entes y sociedades públicas suponen 7.540 millones de euros, un 20,6 por ciento inferior a los 9.493 millones de los presupuestos de 2016. Por otro lado, cada vez son más irrelevantes los fondos contemplados en los Presupuestos, pues el nivel de ejecución siempre es muy inferior. Julián Núñez ha declarado que "los ajustes pendientes hasta 2019 para cumplir los objetivos de reducción del déficit y deuda pública son un obstáculo para restituir, con cargo al presupuesto público, el nivel inversor que España necesita, por lo que será necesario acudir a la financiación privada mediante fórmulas de colaboración público-privada". Ante esta situación, Seopan ha presentado recientemente un informe sobre infraestructuras prioritarias elaborado por la ingeniería Sener que identifica y justifica, por el cumplimiento de la normativa europea y el análisis coste/beneficio, más de 800 actuaciones y 100.000 millones de euros de inversión en infraestructuras prioritarias de transporte, agua y medio ambiente. Para su realización, Julián Núñez explicó en su intervención en el curso realizado en la Menéndez Pelayo en Santander que "es necesario potenciar el modelo de colaboración público-privada adaptando y mejorando nuestra regulación y práctica concesional. Es el único modelo posible, que permite diferir el coste de la infraestructura en el largo plazo e incorpora en un mismo agente la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura", explicó. Plan de carreteras Las peticiones de Seopan fueron escuchadas y el propio Mariano Rajoy ha anunciado un plan de carreteras público-privado dotado con 5.000 millones de euros que se irá construyendo en los próximos 3-4 años. El ministro De la Serna ha ido dando pinceladas del plan que contemplará más de 20 corredores en concesiones de 30 años que serán financiados en un 20% por la concesionaria y del 80% restante, la mitad serán fondos aportados por el BEI en el marco del Plan Junker y la otra mitad por la entidad financiera correspondiente. El Gobierno compensará con el mantenimiento en los 30 años.