Inhabilita al presidente de la Federación de Fútbol y se persona en la causa judicial El 25 de julio de 2017 ha marcado el fin de una era en el fútbol español. Tras casi 30 años en el poder, el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha suspendido a Ángel María Villar como presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), poniendo punto y final al Villarato, al menos durante un año. La inhabilitación es cautelar y provisional, hasta que se resuelva el expediente disciplinario abierto por el Tribunal Administrativo de Deporte, como consecuencia de presuntas infracciones o irregularidades muy graves cometidas por el ya expresidente de la Federación. La suspensión definitiva se decidirá según el resultado del expediente disciplinario abierto, que no se va a resolver hasta que no termine la causa penal en la que está. El exfutbolista, que ganó las elecciones de mayo de 2017, lleva en prisión provisional desde la semana pasada, acusado de haber usado, presuntamente, la Federación como su cortijo para comprar voluntades, pagar favores y enriquecerse él y terceros. En concreto, se le imputan presuntos delitos de "administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares". La Comisión Directiva del CSD, presidida por Javier Lete, ha decidido personarse en la causa contra Villar, igual que ha hecho ya LFP. La Asamblea de la Federación tiene ahora que activar los mecanismos de suplencia para elegir al sustituto de Villar. El nuevo presidente tendrá que encargarse de dirigir la entidad deportiva mientras se resuelve el proceso. También sale de forma provisional de la Federación el vicepresidente económico, Juan Padrón, que fue detenido en el marco de la Operación Soule y enviado a la cárcel de forma provisional junto al hijo del presidente, Gorka Villar. Baussou, número dos de la federación tinerfeña, no ha sido inhabilitado. Aunque de momento no hay más detenidos, no se descarta que haya más movimiento en la Federación, puesto que el juez investiga (o ha imputado) a casi 40 personas y ya ha señalado a varias federaciones territoriales que fueron beneficiadas a cambio de sus favores. Entre las personas vinculadas con la Federación que van a declarar ante el juez esta semana se encontraría María José Claramunt, la jefa de la Selección Española de Fútbol, Juan Antonio Pelaz, presidente de la federación cántabra y muy cercano a Villar y a su hijo Gorka e, incluso, la secretaria general Ester Gascón, a la que habrían intentado despedir con una indemnización de 300.000 euros para contratarla al día siguiente con un sueldo de más de 200.000 euros, según recoge el auto del caso Soule. También habrían sido llamados a declarar otros presidentes territoriales, pero sus datos no han trascendido.