De la Serna señala a la oposición como culpable de la sanción impuesta por la UE El culebrón de la reforma de la estiba por fin cerró ayer su último capítulo europeo. La multa llegó. Pero el castigo que impuso la Corte de la UE a nuestro país por haber tardado 29 meses en liberalizar el sector de los estibadores se redujo a 3 millones de euros, lejos del alrededor de 24 millones de euros que hubieran caído si los jueces hubieran seguido la recomendación de la Comisión Europea (CE). En concreto, un 87,5 por ciento menos. La Corte de Luxemburgo recordó ayer en un comunicado que el incumplimiento del Gobierno español persistió durante un periodo "significativo", desde que los jueces de la UE obligaron a nuestro país a liberalizar el sector el 11 de diciembre de 2014 hasta que finalmente se adoptó la reforma y entró en vigor el pasado 14 de mayo. El Tribunal añade que la violación debe considerarse "grave", ya que afectó a la libertad de establecimiento, "uno de los principios fundamentales del mercado interior". A pesar de estos agravantes, los jueces recortan drásticamente la propuesta de la CE, quien propuso 27.552 euros por cada día transcurrido desde la primera sentencia. Los jueces justifican esta decisión por "la buena fe" demostrada por España, sobre todo cooperando "estrechamente" con la Comisión para sacar adelante una reforma que finalmente vio la luz del día. Como se esperaba, y ya anunció el Ejecutivo comunitario, la Corte no se pronunció sobre la segunda multa de 134.107 euros porque la CE desistió parcialmente del recurso que había presentado contra España por "incumplimiento reiterado" al haber aprobado la ley que liberaliza la estiba. La gran multa habría llegado a partir de la sentencia de ayer, en caso de que España no hubiera adoptado aún la reforma. A pesar de la significativa rebaja, la CE se dio por satisfecha con la sentencia. Un portavoz comunitario señaló que, para la institución, el "factor crucial" es que España enmiende la ley de la estiba. Fuentes comunitarias explicaron a elEconomista que la Comisión propuso cantidades más elevadas como reflejo de una metodología fijada, que tiene en cuenta la seriedad de la infracción y el PIB del país. Además, argumentaron que se sacó un palo más grande como incentivo para que nuestro país cambiara con urgencia la normativa, ya que había transcurrido casi un año y medio desde la primera sentencia (2014) hasta cuando propusieron las multas en abril de 2016. En nuestro país la sentencia ha dejado un sabor agridulce. Por un lado, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha destacado que "la máxima colaboración con la Comisión Europea" ha llevado a Luxemburgo a imponer una multa de mínimos y se ha mostrado orgulloso de que "el trabajo que se ha hecho desde el Gobierno" ha permitido "acabar con el último monopolio del país". Por el otro lado, ha culpado a los partidos de la oposición de que se tenga que pagar "algún tipo de sanción" ya que se negaron a aprobar la reforma en marzo. Según dijo De la Serna, si se hubiera aprobado la liberalización en ese momento, la CE habría desistido también de la primera demanda. "Hemos cumplido nuestra obligación como país y como Gobierno. La leyes están para cumplirlas y las sentencias tambien. Ponemos punto y final a una etapa que ha sido complicada", sentenció De la Serna. El Ejecutivo del PP ha cambiado la ley casi tres años después de que le obligaran a hacerlo y todavía queda pendiente que se firme el convenio entre empresas y estibadores y que su espíritu respete la liberalición del sector.