El grupo eleva la indemnización que pediría en caso de no seguir con el suministroUn 23 por ciento. Este el porcentaje de la población a la que Agbar dejaría de dar servicio en España si, como pretende el Ayuntamiento de Barcelona, se modifica el sistema de gestión del agua del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). En total, Agbar lleva el agua, a través de las distintas empresas que forman parte de la compañía, ya que directamente no opera bajo la marca Agbar, a 13,1 millones de habitantes, una cifra que se reduciría por debajo de los 10 millones en el caso de que Aigües de Barcelona, la compañía que da servicio a gran parte de los municipios de AMB y en la que participan Agbar (70 por ciento), Criteria, el holding empresarial de LaCaixa (15 por ciento) y la propia AMB (15 por ciento), viera rescindido el actual contrato que tiene para la gestión del agua de 23 de los 36 municipios que componen el Área Metropolitana de Barcelona. Y supondría un importante desembolso, pero en este caso, para el Consistorio barcelonés y la Administración Pública, que Agbar ha elevado hasta los 1.500 millones de euros, según han indicado fuentes de la compañía del Grupo Suez a elEconomista. Si bien, anteriormente se había puesto sobre la mesa la cifra de 1.000 millones, la compañía ha elevado la cantidad, porque utiliza como referencia el caso de Berlín, ciudad que llevó a cabo la remunicipalización del sistema de gestión del agua y tuvo que pagar esa cifra. En concreto, el Grupo Agbar había calculado que deberían ser unos 470 millones por los activos, que incluirían desde la red de tuberías hasta las potabilizadoras, más otros 500 millones por lucro cesante, pero esa indemnización se podría elevar. Desde el Ayuntamiento de Barcelona, la técnica Clara de Yzaquirre, asegura que "no sabemos de dónde han salido esas cifras. Precisamente, hemos encargado los estudios para saber qué hay realmente, el valor de los activos, si están amortizados". Y continúa que habrá que esperar "a ver qué dice la letra pequeña de la sentencia del Tribunal Supremo, porque puede haber alguna penalización si no se hizo bien". El pasado noviembre, el Ayuntamiento de Barcelona, en manos de Catalunya en Comú de Ada Colau, encargó a la empresa municipal Barcelona Cicle d'Aigua la realización de estudios técnicos, jurídicos y económicos para poder llevar a cabo la transición hacia una gestión pública del agua, por "mandato municipal", según apunta Yzaguirre. A la espera de la sentencia En marzo del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anulaba la concesión de la gestión del agua en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) a la empresa pública-privada Aigües de Barcelona. El Tribunal determinaba que la constitución de la compañía no se ajusta a la legalidad porque no es fruto de la adjudicación por concurso público, es decir, obviando la publicidad y concurrencia. Y argumenta que el hecho de que sea "concesionario tácito del servicio de abastecimiento de agua" a las poblaciones del área metropolitana desde 1982 "no determina" que se le pueda considerar "gestor único", ya que "no hay razones técnicas que lo avalen", "ni existe una valoración fiable del coste económico que justifique la renuncia a la competencia". El fallo fue recurrido ante el Supremo, cuya sentencia se espera "para este año, pero nunca se sabe", indica la técnica del Ayuntamiento. Lo cierto es que la decisión de TSJC ya ha hecho que en el Ayuntamiento se empiecen a mover, aunque tendrá que ser la AMB la que determine qué política se va a seguir -Ada Colau preside también este ente-. Sobre la mesa está el sistema de gestión del agua en todo el Área Metropolitana de Barcelona, que incluye a 36 municipios con una población de más de 3,2 millones de habitantes. "Es un servicio que viene del Área Metropolitana de Barcelona, pero el Ayuntamiento de Barcelona hace una gestión como si fuera sólo de él", apuntan desde Agbar. Colaboración público-privada El Ayuntamiento de Barcelona quiere apostar por una gestión pública del agua, pero hay más municipios implicados en esta decisión. Según destacan desde la compañía del grupo Suez, son los ayuntamientos más pequeños, de entre 6.000 y 10.000 habitantes, los que más se benefician del servicio, ya que no podrían pagar un sevicio integral como el actual, pero la ciudad de Barcelona también se beneficia de él. "La ciudad de Barcelona, por ejemplo, no tiene pozos, no tiene planas", explica Isidre Sierra, alcalde del Sant Clement de Llobregat, que defiende a capa y espada el sistema de gestión público-privado actual que se está llevando a cabo en el AMB. "En Sant Clement de Llobregat la gestión del agua se llevaba de forma pública. Cuando lo subcontratas o adjudicas, todo cambia", indica. Sin embargo, Sierra advierte de que "hay que ser muy cauto. A la hora de remunicipalizar hay que tener en cuenta muchas cosas, entre otras, que actualmente la legislación no nos permite contratar personal. Hay que pensar en la rigidez que te da la contratación pública. Además del hecho de que un municipio de 4.000 habitantes tiene que crear sinergias porque no tienes capacidad de hacerlo todo solo". El primer obstáculo podría haber quedado resuelto con los PGE, pero habrá que esperar a conocer el texto definitivo de la Ley de Contratación de Servicios Públicos, que se está actualmente tramitando.