El informe de la consultora tasó en este importe el banco en el mejor escenario del test antes de su intervención y ventaEl informe realizado por Deloitte, que sirvió de base para proceder a la intervención y posterior venta del Popular al Santander, tasó el banco en 1.500 millones, ligeramente por encima de lo que cotizaba en ese momento en el mercado. Esta valoración, que no se ha hecho pública por parte de las autoridades, es la que otorgaba la consultora a la entidad entonces presidida por Emilio Saracho. En todo momento, tanto el BCE como el Ministerio de Economía han resaltado que el documento de Deloitte arrojaba un déficit de capital de entre 2.000 millones y 8.000 millones con el objetivo de defender la decisión adoptada por la Junta de Resolución Única (JUR) en la madrugada del día 7 de junio. En ningún momento, los responsables de estas instituciones habían hecho referencia a un valor positivo del banco en el mejor escenario económico que aplicó la firma de consultoría para llevar a cabo el ejercicio de estrés del Popular. Fuentes conocedoras del informe han confirmado a este periódico esta tasación del banco, que fue adelantada por Vozpopuli. Los accionistas e inversores de deuda que han sufrido pérdidas podrían agarrarse a este último precio para llevar a cabo sus demandas por la intervención del banco. Algunos de los que han presentado ya recursos en los tribunales han reclamado este informe, que no es público, para poder argumentar lo que consideran un "expolio", ya que la entidad, a juicio de las autoridades, era solvente hasta el día anterior al rescate interno. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha pedido en alguna ocasión al BCE que haga público el análisis llevado a cabo por Deloitte, con el objetivo de que todo el procedimiento y decisión sea lo más transparente posible. Cada vez son más los pequeños y grandes accionistas que van a luchar en los tribunales para recuperar el dinero perdido por la decisión del regulador comunitario. Algunas denuncias van dirigidas contra el supervisor, aunque la mayor parte va contra los administradores y contra el fondo de rescate público español, Frob, que es el que ejecutó la decisión de la JUR.