El grupo latinoamericano invirtió en el banco hasta el día anterior al rescateLos grandes socios del Popular están comenzando a analizar y presentar las primeras demandas por la resolución del banco por parte de las autoridades europeas y posterior venta por 1 euro al Santander, lo que supuso la pérdida total de la inversión para los accionistas y los tenedores de híbridos. El grupo chileno Luksic, que desembarcó en la entidad en enero, ha iniciado ya su ofensiva legal para recuperar el dinero, que asciende a 113 millones de euros, y las familias ligadas al Opus, dueñas de Unión Europea de Inversiones (UEI) estudian poner en marcha cualquier tipo de iniciativa para poder minimizar el impacto de los más de 600 millones que han perdido en los últimos años con su apuesta por el grupo intervenido. Los representantes legales de Luksic informaron ayer de que han presentado un recurso en la Audiencia Nacional con el fondo de rescate público español (Frob) y prevén llevar el caso al Tribunal de Luxemburgo contra el regulador europeo, BCE, por la resolución. El grupo latinoamericano, que compró acciones del banco hasta el día anterior al rescate, ha contratado al despacho Roca Junyent con el fin de defender sus intereses. Han solicitado toda la información posible para conocer los detalles de la operación porque, a su juicio, se hizo con total opacidad, y poder así afinar sus argumentos. Han reclamado el informe de Deloitte, que apuntaba una valoración negativa de hasta 8.000 millones el Popular, a pesar de que el banco era solvente, además de los documentos en los que se basa la Junta de Resolución Única para determinar la intervención exprés. A su juicio, el BCE podía haber dado más tiempo para que el banco español pudiera resolver sus problemas y haber extendido líneas de liquidez para haber evitado su caída. Asimismo, el grupo chileno considera "inapropiadas" las palabras de la presidenta del JUR días antes de la resolución, en las que apuntaba que el regulador había puesto en vigilancia a la entidad. Luksic confiaba en el potencial y los planes de saneamiento del Popular, sobre todo después del nombramiento de Saracho como presidente, según sus representantes, que añadieron que el grupo estaba dispuesto a contribuir a su salvamento con una inversión -que no quisieron desvelar- en una eventual ampliación de capital. Explicaron que así se lo hicieron saber en una reunión que mantuvieron con Saracho a principios de mayo. Por su parte, las familias ligadas al Opus, que controlaban un 2,9 por ciento, analizan la situación para armar una defensa jurídica por las consecuencias de la resolución del Popular. UEI, liderada por los Nigorra, Montuenga y Herrando, anunció ayer su liquidación. La sociedad ha convocado una junta de accionistas para el próximo 27 de julio para aprobar su disolución de la sociedad y la consecuente apertura del proceso de liquidación. Esta firma mantiene un pasivo de más de 200 millones, principalmente contraído con otros grupos relacionados con el Opus a través de la instrumental que posee la sede operativa del Popular.