E l ruido mediático y social era previsible. También las reacciones, opiniones y demandas que ya se están poniendo en marcha tras la compra del Popular por el banco Santander. Sin duda, en operaciones de semejantes características, el riesgo reputacional se suele integrar como una variable más en la toma de decisiones, aunque parece que finalmente en este caso tal vez no se dimensionara adecuadamente, a la vista de la enorme polémica que ha generado la operación, y las muchas sombras que proyecta. Ahora hay que gestionar las consecuencias. Unas consecuencias que pueden ser relevantes. No en vano, un intangible como la Reputación puede llegar a constituir el 80 por ciento del valor de una compañía. Y es que tras esta operación de compra al módico precio de 1 (por supuesto asumiendo una deuda mucho más cuantiosa) surgen múltiples interrogantes, y no menos incertidumbres, que pueden acarrear un impacto relevante en la reputación de organismos, corporaciones y los directivos implicados. Justo en un momento, además, en el que distintos indicadores posicionaban al Banco Santander y a su presidenta, Ana Patricia Botín, entre las empresas con mejor reputación en España, junto a Mercadona e Inditex. Más allá de la decisión, que ha generado una fuerte conversación social, tanto la compañía compradora como el resto de actores involucrados, se enfrenta ahora a un largo periodo de notoriedad debido a las distintas demandas que interpondrán tanto accionistas minoritarios como mayoritarios, quienes han visto reducida a cero el total de su inversión. Los litigios son, sin duda, una de las situaciones que más pone en jaque la reputación de una compañía, son momentos delicados, con tiempos muy dilatados y en donde el componente emocional hace que la opinión pública se posicione del lado de quien se entiende que es la parte más "débil", y esta nunca es la gran corporación. En este caso, accionistas, empleados y clientes son los más perjudicados. Además, se hace imprescindible que se sepan trasladar, en tiempo real, los principales argumentos que justifican cada una de las decisiones tomadas, de una forma clara, sencilla y concisa, sin perder rigurosidad, pero asegurando que los mensajes sean comprendidos por el gran público y esta tarea es, sin duda, de las más complejas en estos casos. Cuando las compañías y sus principales directivos tienen que gestionar estas situaciones, es habitual que demás de sus propias asesorías jurídicas, cuenten con un potente equipo de abogados especializados, para hacer frente a las demandas, pero no es tan habitual que al equipo de comunicación que normalmente se encarga de estos asuntos se incorporen igualmente profesionales con experiencia específica en la gestión reputacional de asuntos judiciales que, como hemos señalado, requieren un nivel de especialización mucho mayor. El camino judicial será largo y complejo pero, como siempre en estos casos de gran exposición mediática, la gestión del inevitable juicio paralelo será determinante para cada uno de los actores implicados ya que puede incluso resultar que lo que parecía una buena operación de negocio deje de serla por el coste reputacional y su impacto en la cuenta de resultados.