El subgobernador señala que no utilizó todos los recursos que tenía para lograr liquidez en el BCE Indica que los supervisores no pueden conocer todos los activos disponibles de las entidadesEl subgobernador del Banco España, Javier Alonso, acusó ayer a Popular y a su excúpula, comandada por Emilio Saracho, de no haber utilizado todos los recursos necesarios a su alcance para haber evitado su caída repentina por falta de liquidez. Alonso, que participó en unas jornadas organizadas por Apie y BBVA, manifestó que sospechaba de que tenía más garantías para haber podido acceder a las líneas extraordinarias del BCE antes de haberse declarado inviable. "No puedo decir si no tenían más activos", señaló el número dos del organismo supervisor, pero sí indicó que los gestores, al ser preguntados, contestaron que a lo mejor podrían entregar más activos para obtener recursos durante la noche en la que se decidió su resolución y venta al Santander. Alonso matizó que a lo mejor, de tener más garantías, el Popular podría haber vivido "unas horas, días o minutos más", ya que dependía de las retiradas masivas de dinero de sus clientes que se estaban produciendo, y que llevaron a su resolución exprés. Horas más tarde, el Banco de España, a través de un comunicado, quiso aclarar que el subgobernador se había expresado mal y que no quería haber utilizado el verbo "sospechar", y da por hecho que el banco tenía activos, que podía haber movilizado más activos antes de su intervención, aunque "muy probablemente la situación no hubiera cambiado más que de modo transitorio". Nada de autocrítica "No sé si tiraron o no la toalla" antes de tiempo, se preguntó el subgobernador durante su intervención, en la que, como viene siendo habitual en el organismo supervisor, echó balones fuera sobre la responsabilidad de esta institución en la crisis del Popular. En varias ocasiones, Alonso indicó que es el banco el que tiene que tener preparado cualquier plan de actuación para evitar colapsos de liquidez y que ni el Banco de España ni el BCE pueden conocer todos los activos de los que dispone una entidad para poder seguir funcionando en caso de que surja una falta de confianza, como la sufrida por el Popular durante semanas. Manifestó que las autoridades, que se suponen que cuentan con todos los datos para llevar a cabo su mandato de control y vigilancia sobre el estado del sector financiero, sólo pueden inspeccionar las líneas de liquidez de mayor calidad y que no pueden conocer la existencia de activos que pueden ser movilizados de menor nivel. Cualquier responsabilidad del Banco de España o de los gestores la dirimirán los tribunales, dando alas y argumentos con sus acusaciones a los accionistas y tenedores de híbridos que perdieron todo el dinero en la resolución del Popular el pasado 7 de junio. A este respecto, el número dos del organismo supervisor señaló que el mercado no había valorado suficientemente bien algunos de los productos que había emitido el banco, como los bonos convertibles -que han sufrido quitas del 100 por ciento-, por lo que se ha reconsiderado el papel de estos instrumentos y ahora se entienden mejor, es decir, que pueden servir para poder absorber pérdidas. Los reguladores tenían previsto intervenir el Popular durante el fin de semana del día 10 y 11 de junio, pero la salida de depósitos y la posibilidad de que Saracho y su equipo no hicieran todo lo posible por mantenerlo a flote hasta esa fecha, provocó que en apenas unas horas la entidad fuera intervenida y adjudicada por un euro al Santander. Esta rapidez en la actuación provocó que BBVA no presentara una oferta por el banco, por falta de tiempo para analizar bien los riesgos a los que se enfrentaba con una eventual adquisición. El subgobernador defendió en todo momento que el problema del Popular fue la falta de liquidez y negó que fuera la solvencia la que causó su intervención. En este sentido, consideró que el banco, a lo largo de la crisis, había ido aumentando sus recursos propios y había logrado realizar provisiones por importe de 21.000 millones para tapar agujeros por sus propios medios, sin haberse visto obligado a recibir ayudas públicas. La entidad ha llevado a cabo tres ampliaciones de capital para sanear su balance por más de 5.000 millones desde 2012 y no ha repartido dividendos. Por otra parte, el subgobernador advirtió que los nuevos requisitos de capital al sector podrían "suponer un desafío importante" para las entidades de mediano y pequeño tamañon por su acceso al mercado para emitir los instrumentos de capital que absorban pérdidas. Alonso explicó que los reguladores establecerán periodos transitorios para su implementación y avanzó que la entrada en vigor del denominado MREL, previsiblemente, no se producirá antes del 1 de enero de 2019.