La asociación cree que el expresidente creó incertidumbre con sus declaracionesLa Asociación Española de accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) anunció ayer en una asamblea informativa para los accionistas del Popular que va a presentar una querella contra el expresidente de la entidad, Emilio Saracho, y su equipo gestor, a través del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo. Ignacio Aragón, socio de Cremades, aseguró a los afectados que acudieron al encuentro, celebrado en la Escuela Universitaria de Diseño e Innovación), que desde el despacho creen que Saracho y su equipo son los responsables de la falta de liquidez que llevó al banco a su fin. "Creemos que lo que ha hecho Saracho es ilegal", aseguró. "Transmitió mensajes que crearon una incertidumbre en la entidad mayor de la que existía. Una estrategia incomprensible en un gestor", dijo Aragón. Ernesto Trigueros, también socio de Cremades, aseguró a este diario que la querella podría interponerse este mismo viernes. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya presentó una querella contra los gestores del Popular un día después de su resolución, a juicio de Cremades, demasiado precipitada. Desde el despacho, aseguran que ya han interpuesto, por otro lado, una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue la conducta de los consejeros de la entidad y si hubo filtración de información privilegiada que llevó a la fuga de depósitos. El despacho centró la reunión en explicar a los accionistas afectados qué tipo de acciones civiles y penales pueden presentar para intentar recuperar su dinero o, al menos, parte del mismo. El objetivo era adherir el mayor número de afectados posibles para la presentación de acciones conjuntas. Los accionistas que quieran ser representados por Cremades & Calvo Sotelo sólo deberán ceder un poder al despacho (que ronda entre los 40 y 45 euros), tal y como explicaron ayer. Los responsables del despacho plantearon a los accionistas también la opción de un pacto, si fuera necesario, para, al menos, recuperar parte del dinero. Aun así, no limitaron las posibilidades, y abrieron la puerta de llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo, que también reconoce el derecho a la propiedad privada.