La memoria de impacto que acompaña al borrador de real decreto relativo a la nueva subasta calcula que su coste máximo será de 123 millones de euros anuales a partir de 2019, considerando que el cupo total de 3.000 MW se lo repartan a partes iguales las tecnologías eólicas y fotovoltaicas participantes. Ahora bien, la propia memoria indica que a la vista del resultado de la subasta anterior, en que los licitadores pujaron tan a la baja que renunciaron a las ayudas, "es de esperar que el coste sea muy inferior a los 123 millones o incluso nulo". Suena a contrasentido que las empresas compitan por apoyo económico de un modo tan agresivo que lleguen a perderlo, pero no lo es; el motivo radica en el particular régimen regulado de las tecnologías renovables en España. Protección mínima La propia memoria explica que de acuerdo con las ofertas presentadas a la anterior subasta, existe un importante volumen de potencia eólica y fotovolaica "susceptible de ponerse en funcionamiento con el aseguramiento de un marco retributivo que otorga un nivel de protección mínimo, pero suficiente para facilitar la financiación de los proyectos". Dicho marco retributivo otorga una rentabilidad razonable durante 25 años y garantiza unos precios mínimos y máximos para la venta de la energía, en función de unas bandas de tolerancia sobre el precio del mercado eléctrico mayorista. Aunque el Gobierno puede modificar casi todos los indicadores del modelo económico cada seis años, el mercado confía en que esos cambios también serán razonables.