Considera a la plataforma una empresa de transporte y le exige tener licenciasLas conclusiones del abogado general del Tribunal de la UE, Maciej Szpunar, han echado más leña a la guerra abierta entre el sector del taxi y Uber en España. El letrado ha dictaminado que la plataforma tecnológica debe ser considerada como una empresa de transporte y por lo tanto se le puede exigir que opere con licencias y que cumpla con los mismo requisitos legales y fiscales que los taxistas u otras compañías del sector como Alsa. Aunque la opinión del abogado no es vinculante para el Tribunal Superior de la UE, que publicará su fallo a final de año, el sector del taxi ha aprovechado el comunicado para exigir al Gobierno que obligue a Uber a "cumplir ya con la normativa de transporte y obligarla a garantizar los derechos de sus trabajadores y sus clientes", asegura la Fedetaxi en un comunicado. Entre las claves de la posición del abogado general, que suele coincidir con el fallo definitivo del Tribunal europeo, destaca que Uber controla los elementos económicos relevantes en el servicio de transporte urbano, desde los criterios que se imponen a los conductores, hasta la política de precios, pasando por compensaciones a los que hagan más carreras o admitan más flexibilidad en sus tarifas. Pero, si finalmente Europa considera que Uber debe ser una empresa de transporte, ¿cuáles serán las consecuencias en España? Según la multinacional estadounidense, ninguna. Uber defiende que su operativa no se verá afectada con el cambio de criterio, ya que el texto se refiere a UberPop, que es una plataforma similar a la que opera en EEUU, donde cualquier conductor puede poner su coche al servicio de cualquier persona. En la UE, este modelo funciona en Estonia, Polonia o República Checa. A su vez, defiende que ya opera con conductores que tienen licencias VTC y que son autónomos. Por su parte, otras fuentes consultadas apuntan a que Uber se tendría que transformar en una empresa de alquiler de vehículos de lujo con conductor privado o en una empresa de transporte con licencias a su nombre, con una flota propia y conductores contratados. Un extremo que tendría complicado, ya que en España se ha cerrado la concesión de nuevas licencias, tanto VTC como de coches privados con conductor (AVCC): no se pueden crear nuevas y las que existen no pueden ampliar su flota. Así las cosas, Uber ya ha empezado a solicitar que se liberalicen las licencias. Si la sentencia confirma la opinión del abogado general, la Comisión Europea se vería obligada casi con seguridad a corregir la postura conciliadora que ha mantenido hacia la irrupción de Uber en los Estados miembros. El abogado general argumenta que Uber no se puede beneficiar de la directiva de servicios por ser una empresa de transporte y no una plataforma digital. El transporte está excluido de la directiva de servicios. Esta directiva fue precisamente la base legal que la Comisión utilizó en su comunicación sobre la economía colaborativa del pasado año. A partir de ella, estableció que los estados miembros no pueden imponer sistemas de registros o licencias a estas nuevas compañías, a menos que sean no discriminatorios, proporcionales, y cumplan un objetivo de interés público. Está por ver cuál sería el impacto en otros sectores de la economía colaborativa, como el del alojamiento que abandera Airbnb. De momento, la Comisión optó ayer por mantener la prudencia hasta ver cuál es el veredicto final de la Corte. Intentando limitar los efectos no solo en el área del transporte (donde también destaca Blablacar) sino en el conjunto de la economía colaborativa, la portavoz de la institución Lucía Caudet, llamó a realizar un análisis "caso por caso", porque existen infinidad de compañías.